Cifuentes: "Cuando las manifestaciones dejan de ser pacíficas, pasan a ser ilegales"

Seguridad y libertad, ¿dónde están los límites? La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debatió este lunesjunto con Manuel Cruz, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, dónde colocar los límites para que el derecho a manifestarse no coarte la libertad de los individuos. “Cuando las manifestaciones dejan de ser pacíficas, se convierten en ilegales”, sostiene la delegada. Una afirmación a la que el experto ha respondido con la prohibición el día de la proclamación de Felipe VI de portar objetos a favor de la República. “Cuando a los ciudadanos no se les permite llevar determinados símbolos un día, se les está coartando la libertad”.

Cifuentes puso como coartada la “excepcionalidad del día”, la coronación de un nuevo Rey en España, para justificar que la policía detuviera a cuatro personas en la misma mañana en que las Cortes proclamaron Rey al nuevo monarca. Una teoría que no convence a Cruz, según el cual se están confundiendo términos. “Una cosa es que yo le aconseje a alguien que no vaya con un pin republicano porque hay overbooking de monárquicos, pero hay un límite entre el espacio público y las libertades”.

Los dos invitados, que participan en unciclo de debates que este diario organiza en colaboración con Banco Sabadell, coincidieron en un punto: que la libertad de expresión en España “está más que garantizada”. La delegada conocía que había determinados grupos de personas que de manera organizada iban a intentar causar alteraciones del orden público, y la obligación de la policía era preservar un bien mayor: era un acontecimiento histórico donde el daño que se hubiera producido a España como país si hubiera sido algún altercado habría sido muy grande”.

La mayor preocupación para la delegación del Gobierno aquel día era evitar a toda costa un atentado. “Seguramente, interceptar a las personas que llevaban un pin en la solapa de su chaqueta era excesivo”, reconoció Cifuentes. Para Cruz no es justificable “defender a toda costa el bien mayor”, ya que se pueden producir “atropellos contra la libertad individual. ¿En qué contextos reprimimos esos comportamientos? ¿Es un delito que una persona porte una bandera republicana?”.

Límites en la seguridad

En el debate, moderado a cargo del colaborador de El Confidencial Antonio Casado, también se habló de del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Ministerio del Interior, objeto de controversia en los últimos meses, al ser considerado excesivamente restrictivo por algunos sectores sociales, que lo tachan de atentar contra derechos básicos como el de manifestación. “A mí me preocupa mucho en manos de quién está nuestra seguridad”, confiesa Cruz. “Yo cuando leí los requisitos que se les exigían a los vigilantes privados pensé que son muy ligeros: deberíamos ser muy exquisitos”, un punto en el que coincide la delegada del Gobierno. “El control de la seguridad deben llevarlo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No sólo por preparación, sino porque el uso legítimo de la fuerza debe estar en manos del Estado. Por muchos motivos”.

Cifuentes cree que hay las empresas privadas que pueden ayudar con un “control y unos límites”, siempre y cuando esa seguridad esté supervisada “por un ámbito superior” y que el personal no pueda traspasar determinados límites, como cachear o detener a una persona.