POR VULNERAR EL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA

Denuncian al Ayuntamiento de Madrid por la adjudicación de las bicicletas de alquiler

Ambe afirma que la licitación ha vulnerado el derecho a la libre competencia y pide recurso administrativo por "conductas prohibidas"

Foto: Madrid estrenó las bicicletas el lunes. (Efe)
Madrid estrenó las bicicletas el lunes. (Efe)

El servicio de alquiler de bicicletas públicas se ha puesto a funcionar en Madrid esta misma semana, pero el Ayuntamiento ya acumula una denuncia por la manera en la que se adjudicó el sistema. La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (Ambe) presentó en marzo (tres meses antes de que el nuevo servicio entrara en funcionamiento) una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que actúe de oficio e interponga un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación del Consistorio dirigido por Ana Botella a la empresa Bonopark. Según consta en la denuncia, se ha vulnerado el derecho a la libre competencia.

Ambe es una asociación que representa a más de 30 empresas españolas del sector de las bicicletas (entre fabricantes, importadores, distribuidores y agentes del sector ciclista). Su demanda recoge que la licitación que publicó el Ayuntamiento de Madrid para adjudicar este nuevo servicio de bicicletas públicas establecía que el valor para determinar la solvencia o no de los licitadores era “haber conseguido un contrato gestionado en los últimos tres años de gestión de bicicleta pública al menos de 2.000 unidades”. Bonopark, la empresa que finalmente se hizo con la adjudicación, “carece de solvencia técnica y financiera”, según consta en la demanda.

La asociación alega que el capital suscrito por Bonopark es de 625.000 euros, “cuando el importe del contrato asciende a 25 millones”; advierte de que la situación financiera de la empresa “a todas luces es deficitaria” y que el riesgo comercial “es elevado”. Bonopark pujó por la adjudicación junto con la empresa americana Alta Bicycle, una compañía que opera este tipo de servicios en varias ciudades norteamericanas, entre ellas Nueva York. Ambe asegura que esta empresa que provee de software a Bonopark “está en situación de quiebra, con el consiguiente peligro para cumplir el cumplimiento del contrato”. Una voz de alarma que, según reconocen, ya fue comunicada a los responsables del Ayuntamiento de Madrid, que optaron finalmente por adjudicar el recién estrenado servicio a la citada empresa.

Bicicletas públicas de alquiler, en Madrid. (Efe)
Bicicletas públicas de alquiler, en Madrid. (Efe)

 

Preguntas sin respuesta por parte del Ayuntamiento

Ambe acusa al Ayuntamiento de Madrid de no haberles ofrecido la documentación que se le solicitó para comprobar si la empresa adjudicataria cumplía o no los requisitos impuestos por el Consistorio. Según la asociación, los hechos se sucedieron como se relata a continuación. Representantes de dicha organización remitieron el 24 de enero un escrito a la Secretaría General Técnica del Área de Medio Ambiente con el objetivo de que le justificaran la solvencia económica y técnica de la empresa que consiguió el concurso.

La respuesta se recibió tres semanas después vía e-mail. La Secretaría se limitó a comunicar que “dicha empresa resultó admitida a la licitación por la mesa, por considerar acreditados los extremos anteriores y concretamente su solvencia, de acuerdo con lo previsto en el art. 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a la integración de la solvencia por medios externos”. En el mismo e-mail se cuenta que “los documentos que obran en el expediente referidos a esta acreditación suponen el compromiso de la empresa Alta Bicycle Share de cesión de su solvencia para la gestión y explotación de sistemas de bicicletas públicas a todos los efectos considerados en la legislación”.

Ambe echa en cara al Ayuntamiento que haya impuesto unas condiciones “inasumibles” para cualquier empresa española que haya querido optar al suculento concurso y critica que se haya adjudicado a una empresa que no cumple las condiciones de los pliegos de contratación. Por último, reprocha a Ana Botella que no hayan permitido a “las partes interesadas el examen de la documentación”. 

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