S.O.S. de la Complutense: Carrillo pide un anticipo de 8 millones para pagar nóminas

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) lanza una nueva petición de SOS. La asfixia económica en la que vive inmerso el campus desde hace un lustro ha llevado a su rector, José Carrillo, a tener que solicitar por primera vez un anticipo de 8 millones de euros a la Comunidad de Madrid para afrontar sus gastos corrientes, principalmente de personal, que representan un 70% de sus expensas. El Gobierno de Ignacio González lo ha aprobado este juevesen una resolución del Consejo de Gobierno.

La situación económica de la universidad parece haberse agravado en los últimos meses hasta entrar en números rojos. La Complutense, que cuenta con 85.000 alumnos, un centenar de edificios, 5.900 docentes y una deuda arrastrada durante lustros que rondaba, el año pasado, los 140 millones de euros, se ha convertirdo, de momento, en la única universidad madrileña que ha tenido que dar este paso para hacer frente a sus pagos. El anticipo por valor de 8 millones de euros, cuya solicitud han confirmado a El Confidencial fuentes oficiales del propio centro académico, será un adelanto de la transferencia nominativa de la UCM correspondiente al año 2014.

Las transferencias corrientes que cubren la nominativa y el complemento adicional docente han ido cayendo desde los 369,9 millones de euros del año 2010 hasta los 289,8 millones de euros de 2014, situación que ha condicionado de forma drástica la política presupuestaria de la universidad. En 2014, la transferencia nominativa para la UCM de la Comunidad de Madrid se ha reducido en 19,2 millones de euros con respecto al 2013, quedando esta en 289.788.579 euros. Según informó el centro a principios de año, esta drástica reducción sólo se ve parcialmente compensada por las jubilaciones del personal de Administración y Servicios (PAS) y del personal Docente Investigador (PDI) y por el incremento de ingresos por los precios públicos (las tasas universitarias), un cóctel fatal que ha obligado al centro a realizar serios ajustes y recortes para equilibrar el presupuesto.

Si el Gobierno madrileño decide concederle este anticipo a cuenta, deberá dictarlo en una resolución del Consejo de Gobierno que podría aprobarse este jueves o el próximo 4 de julio. La Ley de Presupuestos de 2014 prevé, por primera vez, que las universidades públicas puedan solicitar anticipos de caja a cuenta de las transferencias nominativas que reciben anualmente. Dicha ley contempla también la posibilidad de conceder, por parte del Gobierno regional, anticipos de caja a los organismos autónomos, empresas públicas, universidades públicas y demás entes públicos, hasta un límite del 15% de su presupuesto inicial, con el fin de que puedan hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos. Esta modificación podría resolver, al menos temporalmente, los problemas económicos de la Complutense.

Esta ayuda a las universidades públicas continúa los esfuerzos de los últimos años del Gobierno regional para mantener la sostenibilidad de las universidades más apremiadas por el desequilibrio presupuestario, según informan fuentes del Ejecutivo autonómico. En esta línea, en 2013 la Comunidad de Madrid facilitó la adhesión al Plan de Pago a Proveedores de las dos universidades que lo solicitaron, la Politécnica y la Complutense, por un total de 74,4 millones de euros: 17.331.893 a la primera y 57,157.441 a la segunda.

Contención del gasto

La UCM continúa el desarrollo de su plan de eficiencia aprobado en noviembre de 2011, que centra su atención en la reducción del gasto improductivo, y en el que se establecen nuevas medidas que afectan a los gastos de personal y a los gastos corrientes en bienes y servicios.

Los gastos de personal representan más del 70% de las expensas totales de la Complutense, por lo que no se puede incrementar el déficit estructural ya existente en su financiación. Por ello, la percepción del complemento adicional docente (CAD), de carácter autonómico, se ha ajustado al importe asignado por la Comunidad de Madrid. Esta medida supone, según la universidad, una reducción próxima al millón de euros debido al incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de sus compromisos de financiación suficiente de las universidades públicas.

En cuanto a los gastos en bienes y servicios, se ha puesto en marcha un plan de eficiencia energética y se continúa con la revisión de los pliegos de prescripciones técnicas para lograr adjudicaciones con mejores condiciones.