El abogado acusado de grabar a la Infanta imputado por revelación de secretos

El juez de Palma Manuel Penalva ha imputado al abogado sospechoso de grabar la declaración de la Infanta, Francisco José Carvajal, de los delitos de desobediencia y revelación de secretos después de tomarle declaración. El letrado había sido citado en la capital mallorquina para ser interrgoado por la Policía, ante quien ha negado ser el autor de los hechos. Al finalizar el interrogatorio, los agentes encargados de la investigación han procedido a trasladar al sospechoso ante el juez.

Una vez que el titular de Instrucción número 11 ha escuchado al abogado le ha dejado en libertad provisional pero ha decidido imputarle por estos dos delitos, que llevan aparejadas pena de prisión, que podría alcanzar hasta los cinco años en total.

Carvajal había acudido a la declaración de Doña Cristina de Borbón, el pasado 8 de febrero,en nombre del abogado Javier Saavedra, quien pidió el juez que investiga el 'caso Noos', José Castro, que autorizara a Carvajal y a otra compañera de su despacho, María del Carmen Jiménez, para que fueran en su nombre. La letrada va a ser interrogada a lo largo de esta tarde en calidad de testigo, aunque inicialmente la Policía la apuntó como sospechosa.

El abogado Javier Saavedra había solicitado al juez Castro que autorizara a sus "compañeros codefensores" María del Carmen Jiménez López y Francisco Carvajal Jiménez a acudir a la declaración de la infanta Cristina en su nombre, al encontrarse el letrado en esas fechas fuera de España. Precisamente, este último es ahora el principal sospechoso por parte de la policía como autor de la grabación que se hizo de manera ilegal dentro de la sala.

En un escrito enviado el 24 de enero, al que ha tenido acceso El Confidencial, el abogado defensor del presunto testaferro de Iñaki Urdangarin, Robert Cockx, solicitó al instructor la asistencia a la declaración "a efectos de poder llevar a cabo las actuaciones procesales oportunas". El abogado reclamaba al magistrado que permitiera que Jiménez y Carvajal le sustituyeran aquel día.

Fue en una providencia fechada el 28 de enero cuando Castro aceptó su petición y autorizó a los dos letrados a que acudieran en representación de Cockx, precisamente en la misma resolución en la que prohibía "terminantemente que persona alguna acceda al interior del edificio portando terminal telefónico, tabletas, ordenador o cualquier otro dispositivo" durante la declaración de la hija del Rey. Es más, insistía el juez en que todo lo que sirviera para grabar debería ser depositado en el control de entrada. "Esta medida es de aplicación absolutamente a todos aquellos que accedan al edificio, incluyendo a este proveyente y al Ministerio Fiscal", añadía el magistrado. En el punto quinto de ese escrito, Castro se confundió en el segundo apellido del abogado sustituto y en vez de nombrarle como Carvajal Jiménez, quedó reflejado como Carvajal Martínez.

Según fuentes del caso, el día de la declaración de la Infanta hubo un exhaustivo control por parte de la policía para que ningún letrado introdujera ninguna cámara en la sala, por muy pequeña que fuera. Requisaron todo tipo de objetos para cumplir con el mandato del juez, que temía que ocurriese lo que finalmente sucedió, que alguien grabara a la Infanta sentada ante el juez, el fiscal y los abogados, respondiendo a las preguntas como imputada.