Saavedra insistió en que el sospechoso de grabar a la Infanta ante el juez le sustituyera

El abogado Javier Saavedra solicitó al juez Castro que autorizara a sus "compañeros codefensores" María del Carmen Jiménez López y Francisco Carvajal Jiménez a acudir a la declaración de la infanta Cristina en su nombre, al encontrarse el letrado en esas fechas fuera de España. Precisamente, este último es ahora el principal sospechoso por parte de la policía como autor de la grabación que se hizo de manera ilegal dentro de la sala.

En un escrito enviado el 24 de enero, al que ha tenido acceso El Confidencial, el abogado defensor del presunto testaferro de Iñaki Urdangarin, Robert Cockx, solicitó al instructor la asistencia a la declaración "a efectos de poder llevar a cabo las actuaciones procesales oportunas". El abogado reclamaba al magistrado que permitiera que Jiménez y Carvajal le sustituyeran aquel día.

Fue en una providencia fechada el 28 de enero cuando Castro aceptó su petición y autorizó a los dos letrados a que acudieran en representación de Cockx, precisamente en la misma resolución en la que prohibía "terminantemente que persona alguna acceda al interior del edificio portando terminal telefónico, tabletas, ordenador o cualquier otro dispositivo" durante la declaración de la hija del Rey. Es más, insistía el juez en que todo lo que sirviera para grabar debería ser depositado en el control de entrada. "Esta medida es de aplicación absolutamente a todos aquellos que accedan al edificio, incluyendo a este proveyente y al Ministerio Fiscal", añadía el magistrado. En el punto quinto de ese escrito, Castro se confundió en el segundo apellido del abogado sustituto y en vez de nombrarle como Carvajal Jiménez, quedó reflejado como Carvajal Martínez.

Al día siguiente y para asegurarse de que el día de la declaración no hubiera ningún problema de acceso para sus compañeros, Saavedra envió un nuevo escrito corrigiendo al juez en el segundo apellido del letrado y solicitando la "subsanación del defecto", algo que se hizo en providencia de fecha 3 de febrero.

Según fuentes del caso, el día de la declaración de la Infanta hubo un exhaustivo control por parte de la policía para que ningún letrado introdujera ninguna cámara en la sala, por muy pequeña que fuera. Requisaron todo tipo de objetos para cumplir con el mandato del juez, que temía que ocurriese lo que finalmente sucedió, que alguien grabara a la Infanta sentada ante el juez, el fiscal y los abogados, respondiendo a las preguntas como imputada.

Nada más salir a la luz la grabación, la policía se puso manos a la obra para identificar al autor, que podría ser acusado de un delito de desobediencia, castigado con hasta un año de prisión. Según fuentes de la investigación, desde un principio se sospechó de los dos sustitutos de Saavedra, entre otras cosas porque eran abogados no habituales en los interrogatorios del caso Nóos.

El escrito de Saavedra pidiendo autorización para que acudieran Jiménez y Carvajal en su nombre hizo sospechar inicialmente de ambos letrados, porque iban juntos y estaban sentados en la parte donde se podía localizar el tiro de la cámara. De las pesquisas policiales también se desprende que varios abogados presentes en el interrogatorio apuntaron a la pareja.

Tras varios días de investigación, la policía ha señalado como principal sospechoso a Carvajal y le ha citado para que declare en Palma este miércoles. El mismo día está citada la abogada, que trabaja en el despacho de Saavedra, en Madrid, adonde se trasladarán varios agentes de policía para tomarle declaración, en su caso, como testigo.

Todavía quedan varios extremos por dilucidar, entre ellos dónde podría haber llevado el dispositivo de grabación. Se habla de un reloj, gafas o incluso en el propio abrigo que el letrado pudo pasar en la mano, pero ese extremo todavía no está confirmado por la policía. Este asunto ya está judicializado, aunque no en manos de Castro, sino de otro juez de Palma.