La Infanta ni siquiera sabía que la sede de la empresa familiar Aizoon era su propia casa

La infanta Cristina de Borbón exhibió ayer un asombroso desconocimiento sobre las actividades de Aizoon S. L., la empresa familiar cuya propiedad comparte al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin. La hija menor del Rey llegó a asegurar al juez José Castro, durante su interrogatorio de casi siete horas en los juzgados de Palma, que ni siquiera sabía que la sede de esa mercantil, a la que fue desviada una buena parte de los fondos ilícitos captados por el Instituto Nóos, estuviera en su propia casa de Pedralbes, en Barcelona.

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado el pasado otoño al sumario del caso Nóos demostró que la Infanta firmó de su puño y letra el contrato ficticio de autoalquiler a Aizoon de su palacete de Pedralbes, en el que figuraba al mismo tiempo como arrendadora y arrendataria. Sin embargo, la hija de Don Juan Carlos dijo ayer que no supo hasta hace poco, por boca de sus abogados, que la primera planta de su lujosa residencia barcelonesa fuese, en realidad, la sede social de Aizoon, de la que es copropietaria.

Ese episodio, del que dieron cuenta a El Confidencial varios de los abogados presentes en el interrogatorio, es una muestra elocuente de las continuas evasivas tras las que se parapetó ayer la duquesa de Palma para echar balones fuera ante las cuestiones más espinosas que le planteó Castro. El juez le formuló más de 300 preguntas, muchas de ellas relacionadas con la sociedad instrumental Aizoon, pero a la Infanta le flaqueó la memoria. "No sé", "no me consta", "no lo recuerdo", fueron las respuestas más repetidas.

La esposa de Urdangarin tampoco fue capaz de recordar, pese a que así consta en el sumario, que emitió facturas a Aizoon con su nombre y su NIF para poder cobrar el falso autoalquiler de Pedralbes y, de esta forma, generar gastos ficticios y pagar menos impuestos. Por ignorar, la hija del Rey incluso aseguró desconocer que Aizoon había contratado al personal de servicio encargado de las labores domésticas de su domicilio, a pesar de que ella misma, según está acreditado, fichó a varios empleados. Lo que sí dijo, de forma taxativa, es que era "mentira" que les hubiese pagado en negro, como han asegurado algunos de ellos.

Para tratar de refrescar su memoria, Castro mostró a la Infanta el contrato de autoalquiler del palacete de Pedralbes firmado por ella misma, así como numerosas facturas de los gastos personales que Doña Cristina cargó a Aizoon, desde cursos de salsa a clases de flamenco. Pero, por toda respuesta, le dijo al juez que "no llevaba la contabilidad" de la empresa familiar, y que se limitaba a firmar todos los documentos que le entregaba Urdangarin porque "confiaba plenamente" en su marido.

Una declaración "ejemplar"

Los abogados de la Infanta, Miquel Roca y Jesús Silva, se mostraron exultantes tras la comparecencia de su clienta. O al menos esa impresión se esforzaron por transmitir a los periodistas que les abordaron al acabar la declaración de aquélla. "Ha sido ejemplar", dijo el primero, añadiendo que las respuestas de la duquesa de Palma habían "aclarado" muchos de los interrogantes planteados por Castro. "Contestar sí o no no es hacerlo con evasivas", argumentó Silva, "sino dar respuestas taxativas".

La infanta Cristina, tal vez de forma inadvertida, dejó en evidencia a José Manuel Romero, conde de Fontao y asesor jurídico del Rey, cuando aseguró ayer que fue éste quien, siguiendo las instrucciones de Don Juan Carlos, forzó a Urdangarin en 2006 a desvincularse del Instituto Nóos. La duquesa de Palma dijo que su marido siguió al pie de la letra las órdenes del monarca que le transmitió Romero, y que lo hizo "por razones estéticas". Pero, con su respuesta, la hija del Rey echó por tierra la versión que en su día ofreció a Castro el conde de Fontao.

Romero, en efecto, aseguró al juez, durante su declaración como testigo en marzo de 2013, que se reunió con Urdangarin por iniciativa personal, sin que mediara una petición expresa del Rey. El aristócrata dijo entonces que acudió al encuentro del duque de Palma, motu proprio, al enterarse por las informaciones de algunos medios de comunicación de que el yerno del monarca participaba en negocios de dudosa ética, por lo que le pidió que los abandonara cuanto antes para no salpicar la imagen de la Corona.

Tras concluir el interrogatorio de la Infanta, Castro no adoptó ayer ninguna medida que modifique la situación procesal de la hija del Rey. Doña Cristina, por lo tanto, sigue estando imputada por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, que habría cometido, según los indicios acumulados por el juez, a través de la mercantil familiar Aizooon.