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Hacienda se enfrenta a Ruz y cuestiona sus "excesos" en la investigación a la SGAE
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parte del sumario podría quedar invalidado

Hacienda se enfrenta a Ruz y cuestiona sus "excesos" en la investigación a la SGAE

Hacienda plantó cara al juez Ruz por los supuestos "excesos" cometidos en su investigación a la SGAE, que incluso podrían "invalidar" una parte del sumario

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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, plantó cara al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por los supuestos "excesos" cometidos en su investigación a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por presunta apropiación indebida, y le advirtió de que algunas de las pruebas periciales que había encargadopodrían incluso "invalidar" una parte del sumario. El magistrado, sin embargo, desoyó esas advertencias y siguió al pie de la letra las directrices marcadas por el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso Carbajo, provocando un tenso tira y afloja con Hacienda que aún no se ha resuelto.

El 10 de julio de 2012, más de un año después de haber ordenado la entrada y registro de la sede de la SGAE en busca de pruebas del presunto desvío de los fondos recaudados por el canon digital y los derechos de autor a un supuesto entramado empresarial, Ruz reclamó a la IGAE dos peritos que elaborasen un dictamen para averiguar "la realidad de los servicios prestados y el soporte contable de los mismos que justifiquen los movimientos dinerarios", así como "la regularidad de la aludida contratación o prestación de servicios, y si la misma se ajustó a las normas y precios de mercado".

En otras palabras: Ruz quería saber si los trabajos que la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial digital de la SGAE, había encargadoa la mercantil Microgénesis, socio tecnológico de la SGAE, fueron reales y no se pagaron por ellos precios desorbitados.

Dos semanas más tarde, la IGAE respondió a Ruz de forma contundente: "Las competencias atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado se concretan, esencialmente, en el control interno de la actividad económico-administrativa del sector público estatal". Y la SGAE es una entidad privada dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 100.000 socios.

En su escrito, la IGAE aclaraba a Ruzque "la designación de peritos especialistas excede de las específicas competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye a efectos de los auxilios a juzgados y tribunales". Y advertía claramente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que su requerimientopodría afectar a "la validez de las actuaciones de colaboración así practicadas". Es decir: que el informe pericial que reclamaba a la IGAE podría ser declarado nulo por otro tribunal.

Hacienda recomendó a Ruz que, para no contravenir los límites que la Ley General Presupuestaria fija al ejercicio de la auditoría pública, encargase la prueba pericial no a la IGAE, sino a "los colegios profesionales de economistas o a las corporaciones de auditores, con conocimientos específicos en relaciones económicas sujetas al derecho privado mercantil". Y concluía destacando "la insuficiencia de medios especializados en esta materia y los efectos negativos de una posible designación respecto al correcto desempeño de las funciones específicamente atribuidas [a la IGAE] por su normativa reguladora".

Ruz se dirigió entonces al fiscal para que le marcase el camino a seguir tras las advertencias de la IGAE. Y éste le respondió que debía "mantener la decisión". Así que, el 21 de diciembre de 2012, Hacienda aceptó a regañadientes las exigencias del juez y el fiscal y designó a dos técnicos de la IGAE para la prueba pericial, que ese mismo día firmaron el acta de aceptación y juramento del cargo.Pero las tensiones, exacerbadas por los errores de bulto cometidos por el magistrado de la Audiencia Nacional,no acabaron ahí.

Tras jurar su cargo, los dos peritos de la IGAE, Domingo Soriano y Pablo Rodríguez, entregaron un exhaustivo informe a Ruz en el que le advertían de que la documentación en soporte informático que les había suministrado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fue clonada de los servidores de la SGAE durante el registro de su sede, en julio de 2011, era "deslavazada e incompleta", por lo que pidieron a Ruz que reclamara a la Agencia Tributaria, al Registro Mercantil, a la Seguridad Social y a 18 entidades bancarias los datos necesarios para poder elaborar la prueba pericial.

Las 'urgencias' de Ruz

Ruz, sin embargo, dejó transcurrir cinco meses sin satisfacer las demandas de los peritos. Y, para sorpresa de éstos, el 6 de mayo de 2013 dictóuna providencia en la que reclamaba a la IGAE la "urgente confección de los informes periciales pendientes de elaboración". ¿Cómo podía el juez exigir a los peritos que le entregasen su informe si ni siquiera tenían en su poder la documentación que le habían solicitado cinco meses atrás? De ahí que, el 23 de mayo de ese año, la IGAE se dirigió de nuevo al magistrado de la Audiencia Nacional para reiterarle que, a menos que éste le diese traslado de la información requerida, sus peritos no podrían concluir el informe.

Hoy, ese informe aún no ha llegado a manos de Ruz. Y tampoco el que éste encargó a peritos del Departamento de Ingeniería Informática del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. La razón es que el juez volvió a cometer idéntico error: urgir a los peritos informáticos a que le entregaran su informe cuando aún no tenían en su poder la documentación a analizar: 1,7 millones de archivos, que contienen cientos de miles, tal vez millones, de documentos.

La investigación, pues, no sólo está empantanada, sino que arrastra el lastre de las pifias e imprecisiones de Ruz y el fiscal. Empezando por el deficiente clonado de los servidores informáticos de la SGAE que la UCO realizó en la sede de la SGAE, hace ya más de dos años y medio. El magistrado ordenó en julio de 2011 a los agentes:"Procédase in situ al clonado yvolcado o copiado de la documentaciónen soporte informático, y caso de no poder realizarse en el desarrollo de la misma diligencia de entrada y registro, procédase a su precinto". Sin embargo,la UCO no hizo correctamente ni una cosa ni la otra.

Los guardias civiles se incautaron de más de 60 cajas repletas de documentos en papel, perosólo clonaron uno de los 180 servidores informáticos de la SGAE. En otras palabras: no copiaron aquéllos que almacenaban la información más relevante para la causa, según fuentes de la investigación consultadas. El acta levantada aquel día por el secretario judicial señalaba textualmente que los agentes se llevaron una "copia del servidor de datos (...) realizada directamente del servidor Snapshot [sic]". Sin embargo,olvidaron clonar decenas de servidores que contenían miles de archivos y documentos. Y ese error impidió que tan ingente material informático quedase precintadopara evitar una posible manipulación por terceros, como había exigido Ruz.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, plantó cara al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por los supuestos "excesos" cometidos en su investigación a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por presunta apropiación indebida, y le advirtió de que algunas de las pruebas periciales que había encargadopodrían incluso "invalidar" una parte del sumario. El magistrado, sin embargo, desoyó esas advertencias y siguió al pie de la letra las directrices marcadas por el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso Carbajo, provocando un tenso tira y afloja con Hacienda que aún no se ha resuelto.

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