Nuevo varapalo a Torres-Dulce: obligado a readmitir a un fiscal que expulsó

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no gana para disgustos. En sólo una semana ha recibido dos duros varapalos por parte de la Audiencia Nacional. El primero ha sido al dejarle en evidencia al absolver a los dos cargos policiales por un delito de colaboración con organización terrorista en el caso del chivatazo, tal y como él mismo ordenó al fiscal del caso. El segundo es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le ha ordenado que readmita al fiscal Juan Antonio Frago, primer fiscal de la democracia expulsado de la carrera.

La pérdida de su condición como representante del Ministerio Público fue acordada por el Consejo Fiscal y certificada en última instancia por Torres-Dulce, que no medió para evitar la salida de Frago de la carrera fiscal, a pesar de que, tal y como ahora confirma la Audiencia Nacional, se cometieron irregularidades en la toma de su decisión. Concretamente, el órgano judicial señala que el fiscal no fue sometido a un juicio justo. Ahora, el Ministerio de Justicia debe readmitirle y reponerle toda la pérdida económica como consecuencia de su expulsión.

La causa de su salida fue el fuerte enfrentamiento con su jefa directa, la fiscal jefe de La Coruña, Esther Fernández, por otro lado persona de confianza del fiscal general del Estado. Es más, después de la expulsión de Frago, la ascendió a fiscal superior de Asturias, además de permitir que de esta maneravolvieraa su tierra natal.

Frago y Fernández se cruzaron una serie de denuncias. La primera vino por parte del fiscal, quien en octubre del año pasado presentó una demanda por acoso laboral contra su superior. Alegó que desde que tomó posesión de su cargo en esa Fiscalía en mayo de 2010, Fernández le devolvía las causas repletas de correcciones en documentos no sujetos a visados. Además, interpuso una querella contra ella por un delito de falsificación de documentos públicos.

La Audiencia Nacional reprocha ahora que la fiscal superior actuó en contra del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al expedientar a Frago sin escuchar a la Junta de Fiscales, tal y como establece la norma. Fernández ordenó al fiscal que actuara en un proceso en contra de su criterio sin pasar por la Junta. Es decir, se saltó un trámite de obligado cumplimiento y es en lo que se basa ahora lo Contencioso para reestablecer el puesto a Frago.

La Fiscalía no dio un juicio justo a Frago

Tras la oposición de Frago de atenerse a la orden de su superior, esta le denunció ante la Inspección Fiscal. Su informe a favor de expulsarlo fue aprobado por el Consejo Fiscal, del que Esther Fernández era miembro. Finalmente, la última palabra la tenía Torres-Dulce, quien avaló la fulminación inmediata de Frago de la carrera fiscal.La Audiencia Nacional lanza un duro ataque a la Fiscalía como institución porque, en todo el proceso, Frago no ha sido defendido por un fiscal, como ocurre en cualquier otro proceso. Pero el hecho de ser fiscal no tiene por qué quitarle la opción de que otro colega defiendael interés general en la causa.

“No es de recibo entender, como mantiene la administración demandada, que al haber intervenido varios fiscales en el procedimiento administrativo sancionador no es necesaria la intervención de uno de los miembros del Ministerio Fiscal”, recoge la sentencia. El tribunal señala que tal argumento deja de tener en cuenta que “dicho fiscal debería estar ejerciendo en el procedimiento disciplinario, sin dependencia jerárquica, la función de garante de la legalidad, posibilitando eficazmente, en definitiva, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera un juicio justo”, concluye.