El PP admite que Bárcenas ha impuesto su táctica con el 'paseíllo' ante el juez

Luis Bárcenas sigue en la cárcel pero impone la táctica de su defensa para que el juez Pablo Ruz investigue al Partido Popular mientras calla sobre el origen de su fortuna. Dirigentes y exdirigentes, contables y secretarias pasan o van a pasar como testigos por el juzgado y se difunden las nóminas y datos de empleados y profesionales sin cargos públicos ni orgánicos con el consiguiente malestar interno de la plantilla. En la sede de Génova se ha instalado la teoría de la existencia de una “causa general” contra el partido para disfrute de la oposición personada en la causa.

Los dirigentes del PP, dispersos por sus distintos destinos vacacionales, asisten pasmados al particular striptease y desgaste de imagen al que se ven sometidos en mitad de agosto y con citas ya fijadas hasta primeros de septiembre. “Nunca, ni en la España del felipismo ni en el resto de las democracias europeas, han tenido que pasar por el juzgado dos generaciones de dirigentes de un partido de Gobierno (ni sus empleados) por un caso de corrupción en el que no están ni imputados,pero que resulta que son llamados como testigos”. Es el lamento general que intercambian los afectados y aquellos a los que les pueda tocar desfilar por la Audiencia Nacional en las próximas semanas, según reconocen en fuentes del PP.

Los dirigentes no pueden quejarse en público de las iniciativas de Ruz, pero claman en privado. Están sumidos en el desconcierto absoluto al ver que el caso no se encarrila precisamente por dónde cabía esperar (las indagaciones directas sobre la fortuna de su extesorero), sino sobre la financiación del partido. Y todo ello pese a que en fuentes de la dirección empiezan a dar por hecho que a quien ha podido robar Bárcenas es a la propia organización de la que fue gerente.

La pinza judicial y política de la izquierda

IU y PSOE se mueven en un doble frente, político y judicial, contra el PP. Sus abogados piden a Ruz el desfile de dirigentes por la Audiencia Nacional, el juez accede a las mismas, sus portavoces y diputados interpretan como contradictorias o acusatorias contra Rajoy las declaraciones de los secretarios generales (Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal) y luego planean trasladar los ecos del trámite judicial a iniciativas parlamentarias: moción de censura o reprobación (no existe en España) del presidente del Gobierno. Rajoy no admite el chantaje de Bárcenas, pero el extesorero cumple sus planes de venganza.

“Cualquiera que conozca el funcionamiento del Partido Popular, por estatutos y tradición, sabe que el tesorero es un cargo de confianza nombrado por el presidente y que los secretarios generales no están para ocuparse de las labores de finanzas y contabilidad, sino para hacer política”, recuerdan los dirigentes y exdirigentes del PP ante el éxito político y mediático (interesado) que ha tenido la teoría de que el secretario general es una especie de consejero delegado de la una empresa privada y que, entre sus principales funciones, está ocuparse de la administración económica de la organización.

Álvarez-Cascos, Arenas y Cospedal coincidieron en explicar lo mismo al juez sobre sus competencias generales y falta de conocimiento del detalle de los donativos al partido sin necesidad de ponerse de acuerdo previamente, posibilidad descartada en fuentes del PP. Entre otras cosas porque no se hablan entre ellos desde hace años, ni el general secretario con sus sucesores, ni Cospedal con Arenas. Bárcenas se pudo llevar bien con Cascos y con el exvicepresidente del Gobierno de Aznar, regular con Ángel Acebes y chocar frontalmente con la hoy presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, pero quien le nombró tesorero y después le mantuvo en el cargo durante meses en contra del criterio de Cospedal fue Mariano Rajoy.

“Cospedal se limitó a decir la verdad ya conocida y establecida estatutariamente, sólo el presidente podía decidir cuándo y cómo se destituía al tesorero”, coinciden en apuntar sus incondicionales y hasta los dirigentes del partido más críticos con la gestión que ha hecho la actual secretaria general del caso Bárcenas desde el principio por no haberlo parado a tiempo. En la dirección del partido niegan trascendencia alguna al hecho de que Rajoy dilatara el despido real del extesorero. “El presidente no conocía entonces el dato fundamental: la fortuna que había amasado mientras manejaba las cuentas del partido y que llegó a tener 48 millones de euros en Suiza”, recuerdan en los mismos medios.

Los ingresos públicos del PP frente al secreto de Rubalcaba

Mientras las indagaciones de Ruz dan pie a que queden al descubierto las divisiones internas en el PP, en Génova se enfrentan a otro problema doméstico, como es que salgan a la luz hasta las retribuciones de sus empleados. Las filtraciones del juzgado permiten que los ciudadanos sepan lo que ganan los funcionarios o responsables de seguridad o comunicación (profesionales, no políticos) del partido en el poder mientras el jefe de la oposición, Alfredo Pérez-Rubalcaba, mantiene en secreto su declaración de la renta. El malestar en la plantilla, a la espera de que sus jefes les defiendan, es evidente.

La marcha del caso Bárcenas en plenas vacaciones y ante el arranque del próximo curso político es demoledor para los intereses del Partido Popular. “Desde la cárcel ha conseguido lo que quería, que no se hable de lo suyo, de los casi 50 millones en Suiza, y que siga el desgaste de imagen del PP”, admiten en Génova convencidos de que sigue en marcha una “causa general” frente a la que no saben reaccionar.