SEGÚN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Los ayuntamientos andaluces arrojan el peor grado de transparencia de España

"Transparencia" es una de las palabras más utilizadas en el debate político actual. Sin embargo, queda mucho por hacer para llevar este concepto

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Los ayuntamientos andaluces arrojan el peor grado de transparencia de España
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    "Transparencia" es una de las palabras más utilizadas en el debate político actual. Sin embargo, queda mucho por hacer para llevar este concepto a la práctica. Y no sólo en la Administración central, pendiente de la aprobación de la futura Ley de Transparencia, sino también a escala local. A la hora de ofrecer sus resultados económicos anuales al Tribunal de Cuentas, los ayuntamientos españoles demuestran actuaciones muy dispares entre comunidades autónomas y provincias. 

    Para el año 2011, el último del que se dispone de datos completos, Andalucía fue la región de España con el menor porcentaje de ayuntamientos que presentaron sus cuentas al Tribunal de Cuentas: a mediados de 2013, lo habían hecho 2 de cada 3 municipios, según los datos que, en el primer semestre de este año, ha recogido dicho Tribunal y que El Confidencial ha analizado en colaboración con el proyecto Transparencia de Cuentas Públicas. Los datos, reflejados en el siguiente mapa, ejemplifican la lentitud de un proceso que imposibilita obtener datos más recientes: la información definitiva para el 2012 se conocerá después del mes de octubre, fecha límite para que las entidades locales presenten sus cuentas. 

    Pinche en las provincias para ver los detalles. Las provincias del País Vasco y de Navarra no se visualizan porque estas regiones cuentan con sus propios Tribunales de Cuentas.


    La Ley de Economía Sostenible obliga a todos los municipios españoles a presentar sus gastos detallados cada año. Para quien no lo haga está previsto un "doble castigo", según detalla un portavoz de Hacienda a El Confidencial: ser indicado públicamente como "incumplidor" y la retención de las transferencias mensuales que provienen del Estado. Esta cantidad puede llegar a representar la mitad de los ingresos que entren en las arcas municipales.  

    En Huelva, hasta el 81% de municipios mantuvieron sus cuentas "a oscuras" del Estado durante todo el 2012. En Málaga y en Granada, el 75%. Estas provincias, junto a Sevilla, Cádiz y Córdoba fueron las únicas en todo el país donde más del 70% de los municipios no hicieron público el detalle de sus gastos e ingresos de 2011. Y esto a pesar no sólo de la Ley, sino también del interés público: según un estudio de la Agencia de Estatal de Evaluación de los servicios públicos, el 63% de los ciudadanos considera la información económica local como la más importante. La mejor de la región fue Almería, aunque con un mal dato: el 40% de los ayuntamientos no rindieron cuentas. 

    En la zona, destacan Murcia y Alicante, donde sólo menos del 5% de municipios no presentó sus resultados. Estos casos se acercan a lo que ocurre en Galicia, donde más del 90% de los ayuntamientos rindió cuentas en todas las provincias. En el caso de Ourense, los 92 municipios de la provincia presentaron sus cuentas en el año 2012.

    A escala regional, nadie cumplió tan bien con sus obligaciones como las islas Baleares: todos los 67 municipios de esta región presentaban sus cuentas rendidas en los primeros meses de 2013.

    Herramientas de transparencia

    Estos datos no tienen sólo un sentido teórico: "Queremos demostrar el potencial práctico de los datos abiertos (opendata) y de la Transparencia”, señala Miguel Fiandor, promotor del proyecto Transparencia de Cuentas Públicas. "La transparencia es tan importante que va a surgir una ley ad hoc. La apertura y difusión de datos gubernamentales deben ser herramientas para aplicarla", añade.

    Con la reforma de la Administración local que el Gobierno prevé aprobar este viernes, se especificará –o al menos se especifica en su anteproyecto- y se preparará el terreno a un aumento de la transparencia, que se llevará a cabo con la homónima ley. Tras su aprobación, también retribuciones e indemnizaciones percibidas por los cargos electos locales deberán ser –por ley- de dominio público.

    Sin embargo, algo ya se está moviendo. "Las Administraciones Públicas están siendo cada vez más concienciadas en cuanto a transparencia", explica Antonio Ibáñez Pascual, coordinador del grupo de trabajo sobre gobierno abierto del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. "En muchos casos es la pura actualidad política lo que pone la transparencia a la orden del día", añade Ibáñez. Algo en lo que sí se encuentran muy verdes tanto las Administraciones locales como la central es el gobierno abierto: "Esto implicaría ir más allá de la transparencia, aprovechando las nuevas tecnologías para incrementar la participación ciudadana". Así como la apertura de datos, se trata de un tema que no sólo requiere tiempo y recursos, sino también una "cultura" administrativa: "Sería necesario el impulso y conocimiento de estas prácticas por parte tanto de los responsables políticos como de los funcionarios que se preocupen por impulsarlas. Falta formación entre los técnicos, pero también que se implante esta cultura política desde arriba", concluye este experto.

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