Antifraude reabre la investigación a un fundador de CDC y amigo de Pujol

El fraude no entiende de política. Eso es lo que se desprende de las últimas actuaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), cuyo director, Daniel de Alfonso, compareció ayer ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento autonómico para dar cuenta de su actividad en los últimos meses. Expuso los números fríos, como le había pedido la oposición: en el año 2011, la OAC investigó 46 asuntos, que se convirtieron en 49 en el año 2012 y en el primer semestre del 2013 ya han abierto 26 investigaciones. Todo ello, con 5 millones de presupuesto, 47 personas en plantilla y brutales recortes planeando sobre sus cabezas, lo que obliga a muchos de los altos cargos a trabajar fines de semana o festivos sin cobrar pluses. En la comparecencia apenas hubo novedades, pero entre bambalinas se cocían noticias con enjundia.

Diversos miembros de la comisión consultados por El Confidencial señalaron que las explicaciones fueron demasiado generalizadas y que una parte de su exposición la invirtió en responder a la portavoz de Ciutadans, Carina Mejías, que fue particularmente dura con él. En la manga, no obstante, De Alfonso guardaba una carta que al final no llegó a mostrar. Y es que su oficina (le advirtió a Mejías que no puede pedirle explicaciones como si fuese un órgano de la Generalitat “porque no lo soy, yo sólo puedo responder ante el Parlamento, porque la OAC depende del Parlamento y no del Gobierno”) acaba de reabrir una investigación precisamente sobre uno de los empresarios más potentes de Cataluña.

Se trata de Ramon Bagó, presidente del grupo Serhs, el mayor holding de logística de Cataluña. Bagó fue alcalde de Calella por CiU durante varias legislaturas, presidente del Salón del Turismo y director general de Turismo de la Generalitat. En realidad, ocupó este cargo como un favor a su íntimo amigo, el expresidente Jordi Pujol, a quien conoce desde hace muchas décadas. No en vano, ambos fueron fundadores de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) poco después de iniciarse la década de los 70.

Se da la circunstancia de que Bagó y su grupo habían sido denunciados ante los juzgados por la adjudicación de varios contratos de las antiguas Cotxeres de Borbó, un negocio de 1,5 millones de euros. Estos contratos fueron adjudicados a la compañía CHC Vitae, dirigida por él. Lo malo es que el empresario tenía también sus tentáculos puestos en el organismo que los había adjudicado. La Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), el partido independentista que logró tres diputados en las últimas elecciones, denunció ante el juez el asunto. Según esta formación, Bagó podía haberse beneficiado incluso de un contrato de catering de casi 4 millones de euros. No obstante, el juez primero y la fiscalía después decidieron no investigar el escándalo hace un par de meses. Pese a ello, según ha podido conocer El Confidencial, la OAC ha reabierto la investigación por haber detectado indicios de irregularidades en la adjudicación.

Un supuesto fraude monumental

La pelota está ahora en el tejado de la justicia. La OAC, siguiendo indicios racionales de irregularidades, ha enmendado la plana a la Fiscalía y la judicatura. De hecho, según señalan fuentes de este organismo consultadas por este diario, se han abierto varias investigaciones sobre este empresario, debido a que su actividad en las últimas décadas es tan amplia que abarca no sólo adjudicaciones millonarias de servicios públicos que dependen de la Generalitat, sino concesiones públicas a empresas del grupo Serhs por parte de organismos… ¡presididos por el propio Ramón Bagó! De este modo, podrían haberse desviado varias decenas de millones de euros de fondos públicos hacia compañías controladas por el influyente empresario.

En la comparecencia de Daniel de Alfonso en el Parlamento ayer por la tarde, no hubo tiempo para hablar de la harina que amasa la OAC. Los asistentes a la comisión sólo hablaron de sacos. Y de cara a la galería, prácticamente todos los grupos políticos pidieron explicaciones por la actividad internacional de la OAC. Desde el portavoz socialista, Jaume Collboni, hasta el popular, Santi Rodríguez, pasando por la de Ciutadans, Carina Mejías, destacaron que la productividad de la oficina creció sustancialmente el año pasado a pesar de los recortes. Pero pidieron explicaciones sobre los viajes internacionales del director de la oficina. Así lo expuso Collboni, pero fue más contundente Mejías, que le echó en cara que “su gestión debe limitarse a territorio catalán y no a viajar a Hong Kong, Tanzania, Albania o Marruecos”.

La dirigente de C’s subrayó que, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España hay 1.600 causas abiertas por corrupción, de las que a Cataluña pertenecen 215, lo que la convierte en la tercera comunidad por volumen de hechos investigados. Y Santi Rodríguez terció en que “es más importante que se visualicen los resultados que consigue la oficina que la proyección internacional”.

Daniel de Alfonso respondió a las críticas, prometió que jamás prescribió ningún asunto de los investigados por la OAC y aseguró que, cuando cualquier asunto tiene significación penal, avisa inmediatamente al fiscal jefe de Cataluña para comunicárselo. Afirmó también que el tema internacional es relevante. “He ido a China y Malasia porque fui escogido en una comisión, ya que la OAC está en la comisión ejecutiva de un organismo internacional. Somos 20 miembros de 124 estados. Y estamos ahí porque hemos trabajado mucho y mejor que otros. Ahí está toda la UE y muchas otras naciones. Y los países adonde hemos ido están haciendo un esfuerzo importante contra la corrupción. El viaje a Tanzania, por ejemplo, ya estaba programado antes de que yo llegase. Y en Malasia, ante más de 600 personas, nuestra ponencia fue la principal. Allí, precisamente, nació un encargo de la asociación para que nosotros hagamos el texto articulado de la cooperación internacional para la de la lucha contra la corrupción”.