DA UN ULTIMÁTUM A TORRES PARA QUE ENTREGUE TODOS LOS EMAILS QUE AFECTAN A LA HIJA DEL REY

La Audiencia cree que la Infanta "defraudó a Hacienda" y paraliza la prescripción del delito

La Audiencia de Palma exculpó ayer a la infanta Cristina de Borbón de complicidad o colaboración necesaria en los presuntos delitos cometidos por Iñaki Urdangarin, pero abrió

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La Audiencia cree que la Infanta "defraudó a Hacienda" y paraliza la prescripción del delito
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    La Audiencia de Palma exculpó ayer a la infanta Cristina de Borbón de complicidad o colaboración necesaria en los presuntos delitos cometidos por Iñaki Urdangarin, pero abrió la puerta de par en par a la imputación de la hija del Rey por fraude fiscal a través de Aizoon S. L., cuya propiedad comparte al 50% con su marido. El tribunal sostiene que Aizoon era "una sociedad pantalla" que los duques de Palma "utilizaban para defraudar a Hacienda", por lo que interrumpe la inminente prescripción de ese delito, que se cumple el próximo mes de julio, para que no quede impune.

    El auto dictado ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma rechaza frontalmente los argumentos de la Agencia Tributaria, que el pasado 14 de enero emitió un informe en el que concluía que Urdangarin sí cometió un delito fiscal a través de Aizoon, pero no así la infanta Cristina, a la que exculpaba porque, a su juicio, las ganancias obtenidas por la sociedad "deben imputarse a la persona física y no a la persona jurídica"; es decir, a Urdangarin y no a Aizoon, de la que aquélla es titular al 50%.

    El yerno de don Juan Carlos cobró entre 2007 y 2008, cuando supuestamente ya había abandonado el Instituto Nóos, más de un millón de euros de seis empresas privadas por supuestos trabajos de asesoramiento. Sin embargo, Urdangarin no facturó esos servicios como un ingreso personal por su actividad laboral, sino que lo hizo a nombre de Aizoon para ocultar quién era el perceptor de esos pagos.

    Tras recordar que la propia Agencia Tributaria admitía en aquel informe que Aizoon fue "constituida con finalidad defraudatoria", la Audiencia argumenta que Hacienda atribuye erróneamente esa defraudación a uno solo de los socios, el duque de Palma, aunque "las facturas fueron libradas por la sociedad". A juicio de los magistrados, Hacienda "imputa los ingresos por actividades profesionales al marido de la Infanta, en una sociedad que no tiene tal consideración ni estructura, porque dice que es él quien realiza esas actividades, pese a reconocer que no existen contratos por trabajos de consultoría".

    "La Infanta debería saber al menos desde 2006", prosigue el auto, "y por eso abandona el Instituto Nóos, que para entonces Aizoon no era una sociedad de profesionales, sino una sociedad pantalla, y que ella y su marido la utilizaban para defraudar a Hacienda, tanto en el impuesto de sociedades como de las personas físicas". La Audiencia reprocha a la hija del Rey que, "como socia al 50% del capital social, y teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria". Y no lo hizo.

    Blanqueo de capitales

    Pero, además de un posible delito fiscal, la Infanta también pudo haber cometido otro de blanqueo de capitales. La Audiencia de Palma argumenta que una parte del dinero ingresado por Aizoon de administraciones públicas y empresas privadas "no se quedó en la cuenta de la sociedad, sino que se destinó a gastos particulares, como reformas en la vivienda familiar, ya con posible conocimiento del origen ilícito y delictivo".

    Para aclarar todas esas "zonas oscuras", la Audiencia pide al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que solicite un nuevo informe a la Agencia Tributaria "antes de decidir sobre la imputación de la Infanta" por delito fiscal y blanqueo de capitales. Y advierte que, puesto que del primer informe de Hacienda "se desprenden indicios de delito por la constitución de Aizoon, la prescripción de dicho delito, que está a punto de producirse, ha de estimarse interrumpida".

    Tras anular ayer la imputación de la duquesa de Palma por colaboración necesaria o complicidad en los delitos que presuntamente cometió su marido, la Audiencia Provincial afirma que "no resulta aceptable investigar indefinidamente a la Infanta", por lo que pide al juez Castro que "ponga término a dicha investigación en aras de evitar mayores especulaciones" y archive, ya sea provisional o definitivamente, las actuaciones contra la hija menor del Rey.

    Pero antes de adoptar esa medida, los magistrados de la Sección Segunda instan a Castro a que dé un ultimátum al ex socio de Urdangarin, Diego Torres, para que entregue los correos electrónicos que aún guarde en su poder, al entender que el sobreseimiento de la causa contra la Infanta depende de la posibilidad de que el abogado de Torres aporte nuevos emails comprometedores. "No es admisible que sea una defensa la que marque el devenir y curso de la instrucción", afirma la Audiencia, por lo que reclama al juez que imponga un plazo al antiguo socio de Urdangarin. "Transcurrido éste", advierte, "no se le admitirán nuevos correos".
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