El marido de la consejera de Hacienda de la Junta cobró 52.000€ por contratos urbanísticos ilícitos
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SEGÚN DENUNCIA EL ACTUAL ALCALDE DE BURGUILLOS, DEL PP

El marido de la consejera de Hacienda de la Junta cobró 52.000€ por contratos urbanísticos ilícitos

La empresa de Manuel Caramé, marido de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, recibió 52.000 euros en

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El marido de la consejera de Hacienda de la Junta cobró 52.000€ por contratos urbanísticos ilícitos

La empresa de Manuel Caramé, marido de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, recibió 52.000 euros en pagarés mensuales facilitados por el Ayuntamiento socialista de Burguillos (Sevilla), que arrastra una deuda de 70 millones de euros y ha solicitado el rescate de las Administraciones.

José Juan López, el exalcalde de esta localidad andaluza que autorizó los pagos a la empresa de Caramé, fue condenado por delito urbanístico en 2009 a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una de multa de 10 euros al día durante 15 meses más las costas del juicio: un total de 4.500 euros.

La relación laboral de Caramé con Burguillos se mantuvo entre noviembre de 2004 y julio de 2008, la etapa de mayor expansión urbanística en el municipio sevillano. “Lo curioso es que, aunque constan los pagarés del Ayuntamiento de unos 900 euros mensuales a nombre de Caramé, en el Consistorio no hay ni un solo informe, documento o escrito firmado por él”, apunta la vicesecretaria de Política Municipal del PP andaluz, Carolina González Vigo, y el actual alcalde de Burguillos, el popular Domingo Delgado. Además, según este, Caramé carecía de la titulación necesaria que le habilitaba para firmar proyectos urbanísticos.

El ayuntamiento sevillano contrató los servicios de la consejera del Gobierno andaluz, que fue viceconsejera en la etapa de José Antonio Griñán al frente de la Consejería de Economía y Hacienda (abril de 2004-abril de 2009), incumpliendo un informe del interventor, Rafael Francisco Galán, que especificaba que no se podía contratar a un asesor externo de urbanismo, ya que eran funciones que resultaban idóneas para un funcionario público “por la independencia que conlleva el asesoramiento”.

El informe del interventor, fechado el pasado 12 de abril, también alerta de la necesidad de un procedimiento de contratación que, al ser un contrato de servicios que supera el umbral del contrato menor y, por último, conjuntamente con el contrato de servicios, tenía que aprobarse “por el Pleno de la Corporación, la autorización y la disposición del gasto presupuestario los años en los que discurriera el servicio”.

“Se adjudicaron sin concurso y sin pedir otros presupuestos”

La empresa vinculada a Caramé, Acción y Gestión de Planificación SL, a través de su socio, Vicente Llanos, recibió 358.000 euros de la empresa pública municipal Taller de Arquitectura de Burguillos en concepto de redacción de proyectos urbanísticos adjudicados “sin que mediara oferta, sin concurso, o sin pedir presupuesto a otra empresa”. La denuncia del actual alcalde de Burguillos insiste en que estos proyectos, hasta siete en total, se redactaron para particulares, empresas privadas. “Los costes los asumió la sociedad municipal sin reclamar luego el cobro a estos terceros”, detalla Delgado.

La Consejería de Hacienda que dirige la esposa de Caramé viene reclamando dos millones de euros en subvenciones del anterior equipo de Gobierno tras “permitir el descontrol de los fondos públicos”. Burguillos, con 6.500 habitantes y una deuda de 70 millones de euros, llegó a “recibir subvenciones sin pedirlas”, según el actual alcalde, quien ha expresado los problemas de conceder un suministro eléctrico a unas 300 viviendas a través de generadores cuyo consumo de gasóil es de unos 30.000 euros mensuales. La primera autoridad local denuncia también que el anterior Gobierno "concedió licencias de primera ocupación para las viviendas sin que la urbanización estuviese terminada y sin suministro eléctrico".

Junta de Andalucía