La celeridad en la instrucción del caso de Díaz Ferrán impedirá que deje la cárcel antes del juicio

La instrucción del caso Marsans, que investiga la supuesta estafa en el grupo turístico que dirigía el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, transcurre a buen ritmo y, según fuentes jurídicas, la previsión es que antes de verano se dé por zanjada la investigación y el proceso entre en fase de juicio oral.

Han transcurrido cuatro meses desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de Díaz Ferrán y su envío a prisión con una fianza de 30 millones de euros. En su camino a la cárcel le acompañó Ángel de Cabo, más conocido como El liquidador por su costumbre de comprar empresas en quiebra, con una fianza de 50 millones -la más alta de la historia en España- que se redujo posteriormente a 15.

La estrategia de la defensa de Díaz Ferrán, según fuentes próximas al empresario, es solicitar reiteradamente rebajas de la fianza para que la Sala de lo Penal la vaya reduciendo de manera paulatina, como ya ha ocurrido con algunos reos preventivos, como por ejemplo el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Es habitual que, en la medida que la instrucción se alarga en el tiempo, la Justicia favorezca al preso preventivo.

En la actualidad, Díaz Ferrán tiene que pagar 10 millones de euros. La Sección Segunda le rebajó la fianza dada su avanzada edad (70 años), su arraigo (vive en Madrid con su mujer) y porque la cifra inicial de 30 millones de euros “podría ser excesiva”. Aún así, se le mantiene en prisión porque se le juzga por "una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo que afectan a una gran pluralidad de víctimas”.

Sin opciones de lograr una rebaja de la fianza

Por tanto, siempre y cuando se cumplan los plazos previstos, Díaz Ferrán no tendrá la opción de conseguir una fianza lo suficientemente reducida como para poder hacerla frente. La Fiscalía pretende zanjar la fase de instrucción antes de las vacaciones de verano y que el juicio se celebre para finales de 2013. Esto significa que Díaz Ferrán no va a tener el tiempo necesario para que la Sala de lo Penal le rebaje la fianza lo suficiente como para poder quedar en libertad. 

Según fuentes fiscales, una vez que el periodo de investigación quede concluido ya no hay razón para que un tribunal rebaje la fianza, ya que se da por hecho que, una vez dictada la apertura de juicio oral, la celebración de éste es cuestión de poco tiempo.

Además, si finaliza la instrucción con imputados en prisión, a la hora de concretar su fecha el juicio tiene prioridad al ser causa con preso, lo que haría cuadrar los tiempos para sentarle en el banquillo de los acusados antes de que acabe el año.

La intención del Ministerio Público es que la causa no se alargue indefinidamente y evitar de este modo eternizar procesos que luego son de difícil enjuiciamiento, como ocurre en casos como Gürtel, abierto desde 2009, o el asunto de la financiación de Batasuna a ETA a través de las herriko tabernas, que se inició en 2002 y sigue sin enjuiciarse.

La nueva instrucción de la Fiscalía General del Estado es que se acabe con la costumbre de que los casos se hagan interminables y queden abandonados en el olvido. La intención es que para evitar dilaciones se vayan abriendo piezas separadas y así no producir causas generales de algunos asuntos.

En este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 está todavía pendiente de recibir algunos informes policiales y otro tipo de diligencias. Asimismo, no se descarta que haya alguna nueva imputación pero fuentes jurídicas sostienen que el grueso de la investigación ya se ha completado.

La 'operación Crucero' investiga cómo Díaz Ferrán y su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, diseñaron en colaboración con De Cabo “una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial”. Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de Ángel De Cabo para crear, de esta forma, “una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos”. A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de ocho millones de euros.