Tras su imputación, Fabra presenta su dimisión como presidente del aeropuerto de Castellón

El presidente de la sociedad promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), Carlos Fabra, ha presentado este viernes su dimisión "irrevocable" al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, tras la decisión del juez del juzgado número 1 de Nules de abrir juicio oral contra él por el 'caso Naranjax'.

Así lo ha asegurado Carlos Fabra a Europa Press tras la decisión judicial que supone la apertura de juicio oral contra él por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Según Fabra, "a primera hora de este viernes" ha presentado su dimisión "irrevocable" al presidente de la Generalitat, "tal y como dije que haría si se abría juicio oral". Al repecto ha apuntado que, a partir de ahora, se sentirá "más libre" y ya verá "por qué camino van" sus decisiones futuras.

Por otra parte, Fabra respecto al auto de apertura de juicio oral, que, según ha dicho, "es más o menos igual que el que se produjo hace un año", ha señalado estar "tranquilo", puesto que "durante nueve años he soportado humillaciones públicas, insultos e improperios, sobre todo por parte de partidos como PSOE, EU y Compromís, que me han insultado a mí y a mi familia, mintiendo y haciendo valoraciones sobre mi persona con absoluta impunidad".

En este sentido, ha lamentado que "han llegado a decir que he multiplicado mis bienes, pero la realidad es que cuando han venido a embargarme éstos no suponen ni la cuarta parte de la fianza que me ha pedido el juez". "A partir de ahora podré defenderme, y cuando se celebre el juicio a los insultadores profesionales se les acabará la impunidad", ha añadido. 

Carlos Fabra abandona la presidencia de Aerocas, cargo que asumió en su condición de presidente de la Diputación, a tres días de que se cumplan dos años desde que se inaugurase el aeropuerto de Castellón por parte del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

En estos momentos, el actual Consell sigue trabajando para conseguir las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de las instalaciones, sin que de momento haya fructificado la única oferta de compra que presentó un grupo hispano-libio, puesto que, una vez cumplido el plazo que dio la Generalitat valenciana y hasta la actualidad, no ha presentado el aval, según han informado fuentes de la Conselleria de Economía.

Tráfico de influencias, cohecho y delitos contra Hacienda

El juez del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha decretado de nuevo la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública dentro del 'caso Naranjax'. Asimismo, el instructor señala a la Audiencia de Castellón como órgano competente para enjuiciarle a Fabra; a su exmujer, Desamparados Fernández; al empresario Vicente Vilar y a la exesposa de este último, Monserrat Vives, a quienes afecta esta resolución.

El auto es firme y contra él no cabe recurso, excepto a lo relativo a la situación personal de los acusados, que el juez ha decidido mantener, al igual que las fianzas impuestas. El instructor la había fijado en 4,2 millones para Fabra, aunque la Audiencia castellonense la rebajó en un millón, hasta los 3,21 millones.

Así lo ha acordado el juez Jacobo Pin, en un auto con fecha de este viernes, en el que abre juicio oral contra Carlos Fabra, en cumplimiento de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que el pasado febrero estimó los recursos presentados por Abogado del Estado, Ministerio Fiscal y Unión de Consumidores, y dio al instructor "absoluta libertad de criterio" para dictar un nuevo auto con los delitos imputados al exdirigente 'popular'.

De esta forma, el juez instructor incluye la atribución del delito de cohecho a Carlos Fabra -con una pena aparejada que podría alcanzar los seis años de prisión-, que era reclamado por las acusaciones y que había sido excluido por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, lo que implicaba que la competencia para juzgar los hechos correspondía a un juzgado penal en lugar de a la propia Audiencia.

En su resolución, el instructor señala que, en cumplimiento de la sentencia del TS, dicta este auto sobre los cuatro acusados, ya que la resolución de marzo de 2012 por la que abrió juicio contra el exsenador del PP por Castellón Miguel Prim no se ve afectada en este caso.

El juez señala que, ante estos escritos, se debe decretar la apertura de juicio oral "por entenderse ajustas a derecho" las calificaciones efectuadas de conformidad con los hechos que ya describió en un auto de 23 de diciembre de 2011, y que fue ratificado por la Audiencia.

En cuanto al tipo de procedimiento, el juez apunta que si bien el TS le da libertad formal, no dispone de libertad material en este caso. Al respecto, indica que al ser firme la resolución de la Audiencia de Castellón que revocó su decisión de que la causa fuera enjuiciada por un jurado, y al no haberlo pedido las acusaciones que incluyen en sus escritos el cohecho, no puede devolver este procedimiento a los trámites del tribunal popular sin incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico.