Corrupción: reforma del Código Penal para endurecer las penas y un Estatuto del político

El presidente del Gobierno ha enumerado una serie de medidas para intentar luchar contra la corrupción, dejando claro que “no son excluyentes de las que otros grupos políticos puedan presentar”. En primer lugar, y como ya se anunció en el último trámite en el Congreso, que los partidos políticos sean sometidos a la Ley de Transparencia, al igual que las organizaciones empresariales y sindicales y, en general, a todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente a través de fondos públicos. Eso sí, la Casa Real seguirá quedando al margen.

También ha anunciado un proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos que propondrá nuevas exigencias a los partidos y más instrumentos al Tribunal de Cuentas, y que obligará a depositar las cuentas de los partidos “en un registro público específico”. El control del Tribunal de Cuentas se extenderá también a las Fundaciones de los mismos.

“También se fijarán reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económicas de los partidos políticos. Llevaremos a la Ley un doble control externo sobre sus funciones. Por un lado, con su deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuentas y, por otro, con su obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la forma en que se han gestionado los recursos de todos los partidos aquí representados”, ha anunciado el presidente del Gobierno.

Rajoy ha calificado de “insisdia” que España sea un Estado dominado por la corrupción, pero ha anunciado reformas “para garantizar la actuación ejemplar de sus dirigentes, de los altos cargos de la Administración y de todos los que representamos a los ciudadanos”. Para ello, presentará una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas.  “Un verdadero Estatuto del cargo público en el que deberán quedar tasadas, entre otras, las escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que puede haber derecho a compensación tras el cese, reforzando también la Oficina de Conflicto de Intereses. Una norma, en definitiva, que transmita seguridad y certeza; a los ciudadanos y a los políticos”.

En dicha ley se dejará claro las “declaraciones tributarias, de bienes y de actividades que tenemos que publicar y cómo tenemos que hacerlo. Con unos estándares que todos debemos cumplir”. Además, se elaborará un procedimiento de comprobación a través de una auditoría de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato, “para que se pueda detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público”.

Pero como “aunque no puedo afirmar que con ello acabemos definitivamente con la corrupción porque aunque mejoremos la regla, siempre hay quien encuentra un resquicio para vulnerarla”, Rajoy ha propuesto también una reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para estos delitos.

“Traeremos también a la Cámara una Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente, o una condena pública sin sentencia, para quien no lo es ni lo ha sido nunca”. En definitiva, toda una batería de medidas que, de cumplirse, darán la vuelta como un calcetín al funcionamiento de la vida política española.