Asturias precipita la entrada en vigor del impuesto a la banca para ‘sacar tajada’

Hecha le ley, hecha la trampa. El Gobierno asturiano incluirá en los presupuestos de la comunidad autónoma, que se aprobarán el Día de los Inocentes, una enmienda para adelantar la entrada en vigor del impuesto sobre la banca al 31 de diciembre. Así, pretende sortear la argucia del Ministerio de Hacienda -una tasa al 0%, a partir del 1 de enero de 2013-, que pretendía desactivar el tributo decidido en Asturias.

La decisión de anticiparse al Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene el visto bueno de PSOE, UPyD e IU, que son los promotores del gravamen y, aunque el impacto recaudatorio de esta medida en 2012 es nimio, pues solo afecta a un día, el fin esencial de la misma es hacer visible el deseo del Principado de llevar a cabo este impuesto contra viento y marea, y apelando a todas las instancias judiciales.

Con la aprobación de esta enmienda, el Gobierno socialista de Javier Fernández pretende estar en una posición preferente en el transcurso de la batalla jurídica que se prevé se vaya a plantear entre esta comunidad autónoma y el Gobierno central a cuenta de este tributo. En todo caso, además, el Gabinete asturiano tiene sobre la mesa la intención de exigir una compensación ante la eventualidad de que se suprima este impuesto, tal y como en su día Cristóbal Montoro prometió a Extremadura y Andalucía que ya funcionan desde hace tiempo con este gravamen.

No obstante, la posibilidad de tener garantías de esta compensación parece más bien escasa, toda vez que la fijación de la fecha para acceder a esa retribución por el Gobierno del PP se sitúa en el 1 de diciembre. Así lo han recordado algunas fuentes, entre ellas el Partido Popular, que considera una ocurrencia la presentación de esa enmienda, a la vez que tilda de desleales con el Ministerio de Hacienda a los firmantes de la misma. Teniendo en cuenta que UPyD, IU y PSOE suman la mayoría absoluta necesaria para que dicha modificación presupuestaria salga adelante, todo hace indicar que el impuesto a la banca estará vigente el último día del año.

Entre los firmantes de la enmienda reina la concepción de que el mensaje que se le quiere enviar al Gobierno de la nación es que el Principado tiene plenas competencias normativas para la creación de este impuesto y que el único objetivo de Hacienda es evitar su cobro, algo a lo que no están dispuestas las Autoridades asturianas, que han preferido optar por la promulgación de una ley, en vez del decreto, vía por la que se inclina Cataluña, para tener más consistencia jurídica en un hipotético y previsible litigio con el Gobierno del Estado.

El Principado tiene previsto que la ley presupuestaria para 2013 sea publicada en el boletín oficial de la comunidad autónoma este mismo sábado, 29 de diciembre, para que el adelanto del impuesto a la banca tenga cobertura legal y jurídica. Las previsiones de recaudación que la consejera de Hacienda de Asturias, Dolores Carcedo, ha fijado para el tributo a las entidades financieras durante el próximo año se sitúan en torno a los 30 millones de euros.

Es discutible, según algunas fuentes jurídicas consultadas, que la anticipación del Gobierno asturiano tenga efectos prácticos a la hora de enfrentarse a un conflicto entre las partes, aunque tampoco ninguna de estas fuentes se ha atrevido a garantizar que el Principado tenga perdida la batalla en los tribunales por haber decidido que la entrada en vigor se efectué en el año actual. Parece más claro que lo que pretende el Gobierno de Javier Fernández es mostrar su disposición a que la norma del Ministerio de Hacienda no impida aplicar la normativa en Asturias, no solo por el hecho de contentar a Izquierda Unida, que planteó el gravamen bancario como conditio sine qua non para darle el visto bueno a las cuentas regionales, sino también para justificar ante la opinión pública asturiana los obstáculos que pone a esta comunidad el Gobierno del PP para alcanzar el techo de déficit, por cuanto se le imponen obligaciones económicas y se le priva de aplicar medidas fiscales que podrían paliar esta situación.

En el PSOE se tiene la convicción de que la batalla será larga, pero también el convencimiento de que se podrá superar. Así lo expresó el portavoz parlamentario socialista, Fernando Lastra, a la hora de explicar las razones para el adelanto del impuesto. El meollo político de la cuestión estriba en si la comunidad autónoma tiene atribuciones o no para llevar adelante sus ingresos fiscales. Esa sería la argumentación jurídica para el caso si el conflicto llegue hasta el Tribunal Constitucional, algo que se presenta como más que probable.