Guerra en el Servicio Andaluz de Empleo entre los funcionarios y los contratados laborales

Acceso denegado. Tienen que entrar con una clave del ordenador a los expedientes de los desempleados. Los funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía, celosos de los contratados laborales, impiden con la introducción de una contraseña que estos puedan examinar el currículo de los parados y luego tramitar las posibles ofertas de trabajo existentes en una comunidad autónoma con un 35% de desempleo.

Los contratados laborales del SAE son los antiguos trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la fundación fantasma que consiguió en 2011 una subvención de 16 millones de euros cuando este organismo ya estaba extinto (en mayo de 2011). Una sentencia del 22 de octubre de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena al Servicio Andaluz de Empleo (donde ahora se integra la Faffe) a devolver esos 16 millones de euros, como publicó este diario el pasado 3 de diciembre.

Sobre la Faffe siempre ha recaído la sombra del enchufismo (las 20.000 personas que forman la administración paralela de la Junta de Andalucía) y de convertirse en un instrumento al servicio del PSOE de Andalucía; también se les acusa de de contar con una amplia capacidad para captar “palmeros” a los actos organizados por la Consejería de Empleo, ahora integrada en Economía e Innovación.

“Hay un volumen de enchufados considerables, pero también hay contratados que se preocupan por el servicio público”, señalan a El Confidencial fuentes próximas a la Junta de Andalucía, que se lamentan cómo la mayoría de los medios de comunicación se han puesto siempre del lado de los funcionarios, ignorando los problemas de los contratados laborales de la administración pública andaluza.

La atención mediática parece estar cambiando ahora. Los asesores de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), inician hoy movilizaciones para reivindicar el mantenimiento de sus puestos de trabajo en las oficinas de empleo andaluzas. La medida más dura será el comienzo de una huelga de hambre por parte de cuatro asesoras ante la sede del Parlamento andaluz. La Junta ha avisado que 413 asesores de empleo acabarán su contrato el 31 de diciembre.