LOS PROTAGONISTAS DEL FRACASO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Los 'no responsables' de los EREs en Andalucía

Hasta el mismo Griñán ha acabado reconociendo el “fracaso”. Tras 16 años sin una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y después de cinco

Foto: Los 'no responsables' de los EREs en Andalucía
Los 'no responsables' de los EREs en Andalucía

Hasta el mismo Griñán ha acabado reconociendo el “fracaso”. Tras 16 años sin una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y después de cinco meses de trabajo en balde, las pesquisas de los grupos parlamentarios sobre el escándalo de los EREs falsos han acabado en una pantomima sin precedentes. El fiasco de todos los partidos políticos no sólo confirma que las comisiones de investigación no sirven para nada, sino que ratifican la desazón que en los ciudadanos generan sus representantes públicos.

Las conclusiones de la comisión (que contó con 32 comparecencias) ha acabado minando la relación entre el PSOE e Izquierda Unida, además de provocar que sólo se hayan señalado dos culpables (Francisco Javier Guerrero y Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía), frente a una pléyade de “no” responsables políticos del caso. El PP ha intentado situar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en cabeza de todos ellos. Es más, el grupo parlamentario popular coloca en el mismo escalafón a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. El PP también incluía en esta nómina a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

“Ha quedado probado que, en los años que investiga esta Comisión, la Presidencia de la Junta de Andalucía y su Consejería conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta. Por ello son responsables políticos D. Manuel Chaves, D. José Antonio Griñán y D. Gaspar Zarrías y se solicita su dimisión de las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, si las hubieren”, argumentaba el PP.

En la comisión de investigación, Chaves reconoció la corrupción en su etapa como presidente de la Junta. ”Ha habido actos corruptos que deben ser condenados, que caiga todo el peso de la ley”, acabó así su comparecencia en la comisión de los EREs falsos. El presidente de la Junta avanzó aún más: “No estoy, ni voy a estar incurso en ninguna responsabilidad penal”, declaró Chaves a preguntas del portavoz del PP, Carlos Rojas, sobre su responsabilidad política sobre actos delictivos sobre las ayudas de la Consejería de Empleo a través de la partida 31.L, el llamado fondo de reptiles, de más de 1.000 millones de euros.

“Errores de vigilancia”

¿Y Griñán? Él mismo reconoció en su comparecencia del 25 de septiembre de 2012 los “errores en la vigilancia” en la tramitación de los EREs falsos. Eso sí, argumentó que ni era “el padre, ni el presidente de las prejubilaciones fraudulentas". "Todo ello me lo ha dicho el PP sin pruebas de ningún tipo”, remarcó Griñán, que insistió en que muchas personas se beneficiaron “de ayudas, desempleo o reinserción profesionales y transición a la edad de jubilación”.

El informe de la Cámara de Cuentas, maquillado, en ningún caso quiso implicar a Chaves o Griñán. “Es un escándalo que la Cámara de Cuentas de Andalucía no haya proporcionado a la Comisión de Investigación el expediente completo de la auditoría realizada al programa 31L, como se le ha solicitado reiteradamente. Es crucial conocer la totalidad de las actuaciones del Órgano Fiscalizador andaluz, con todas sus etapas (borrador, anteproyecto, informe provisional e informe definitivo), porque es improcedente que la Comisión cierre sus conclusiones sin el análisis pormenorizado de todo el material que conforma el expediente completo del trabajo auditor”, argumenta el PP. “Yo creo que [el PP] ha forzado mucho. Si se hubieran centrado en las piezas medias, quizá le hubiera ido mejor. La pieza mayor se le ha ido de las manos. ¿En qué cabeza cabe pensar que esto se diseñó desde el Consejo de Gobierno?”, cuenta un político especialista de gran experiencia orgánica en el PSOE en El Cortijo andaluz (La Esfera de los Libros).

Los ex consejeros Fernández y Viera

Izquierda Unida había elevado su responsabilidad política en los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. También se han librado. Fernández estuvo cuatro meses en la cárcel. Viera no ha sido ni siquiera imputado en la comisión de investigación de los EREs, al ser aforado (es diputado en el Congreso de los Diputados).  El ex secretario general del PSOE de Sevilla no quiso explicar cómo la trama de la Sierra Norte de Sevilla logró 51 millones de euros de ayudas, frente a los 31 millones del resto de Andalucía. “Conozco allí a mucha gente, voy a El Pedroso desde 1965 [tiene una casa en el pueblo], pero no he dado ayudas a familiares directos”, declaró en la comisión.

El exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá es otro de los nombres que no aparece como responsable de la comisión, a pesar de su inclusión en las conclusiones de IU, que presidía la investigación parlamentaria. El PP indicó que permitió actuar a Guerrero “sin ningún control y en total libertad”. Francisco Javier Guerrero (“no soy un putero, soy jovial”), ex director general de Trabajo con los consejeros Guillermo Gutiérrez, Viera y Fernández, salió de la cárcel el pasado 22 de octubre. El PSOE le considera el cerebro de toda la trama. Ni IU ni el PP consideran que él fuera en solitario el cabecilla del fondo de reptiles, que él mismo ha denunciado que existía.

Lo más sorprendente en esta fracasada comisión de investigación es la figura de Manuel Gómez, el exinterventor general de la Junta de Andalucía, como uno de los responsables del escándalo de los EREs falsos (“La culpa es del apuntador”, como escribió Javier Caraballo). Gómez indicó que era el mayor escándalo de corrupción en la historia de España. El exinterventor llegó a reconocer que la Junta de Andalucía podría “haber terminado con el nido de corrupción de los ERE en 24 horas si hubiera tenido voluntad de hacerlo”. Al final el PSOE le acusó de no haber avisado del incendio. El bombero Gómez argumentó exactamente todo lo contrario: que avisó en 15 ocasiones sobre la falta de procedimiento en las ayudas.

Con todo, la instrucción judicial del caso, ahora pilotada por el magistrado Iván Escalera, juez sustituto de Mercedes Alaya, aún le quedan muchos capítulos por instruir. Escalera, amigo del PSOE de Casariche, según confirma en la red social Facebook, y sobrino carnal de un histórico dirigente del PSOE de Sevilla, como desveló El Confidencial, decretó el secreto del sumario, que se levantará este jueves, salvo que lo prorrogue la juez Alaya, que podría incorporarse al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla este mismo mes. A la espera de lo que digan los tribunales, políticamente no hay ningún responsable.

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