El Gobierno reconoce que la crisis debilitó su defensa de Repsol frente a Kirchner

Las expropiaciones a Repsol en Argentina y a Red Eléctrica en Bolivia constituyen dos de los grandes desafíos internacionales que ha padecido Mariano Rajoy desde que llegó a la Moncloa. Tres meses después, el Gobierno reconoce que la pésima situación de la economía ha debilitado su defensa de las multinacionales españolas frente a las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales. De hecho, el conflicto ha pasado a un segundo plano, sepultado por el rescate bancario o la tendencia al alza de la prima de riesgo.

En una respuesta por escrito al grupo parlamentario de UPyD, el Ejecutivo admite que el “poder negociador” de España ante Argentina y Bolivia se ha visto afectado “por el estado de nuestra economía”. En concreto, ante la cuestión del diputado Carlos Martínez Gorriarán sobre la capacidad negociadora de España, el Gobierno aclara que, más que la balanza comercial, “tanto individualizada país por país como considerada globalmente respecto de todo el comercio exterior”, el verdadero problema a la hora de plantar cara a otros gobiernos es la debilidad de la economía.

Así, el Gabinete de Rajoy señala que, a la hora de calibrar este poder negociador, los factores más relevantes son “nuestro déficit fiscal, nuestra deuda pública, y sobre todo privada, y de nuestro sistema financiero”. Es claro que estos indicadores no hablan muy bien de la fortaleza de España, lo que explica que a la airada reacción inicial del Gobierno ante las expropiaciones siguiera una acción diplomática de perfil bajo.

Por otra parte, el Ejecutivo alude a otros episodios nacionales que dificultan la defensa de los intereses en el exterior, como “la cohesión y apoyo de todas la fuerzas políticas en torno a los intereses permanentes de la Nación o la unidad y seguridad jurídica del mercado interno”.  De modo que, en este escenario, la conclusión a la que llega el Gobierno es simple: “Las empresas que invierten y actúan en el exterior deben extremar su cuidado cuando lo hacen en países que no ofrecen garantías ni seguridad jurídica”, como es el caso, se apunta, de Argentina y Bolivia.

“Es necesario señalar que no es competencia del Estado ni del Gobierno ‘guiar’ ninguna política de inversión o desinversión de empresas privadas. Somos una economía de mercado”, advierte el Ejecutivo en su contestación a UPyD, recordando también que la red del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación “no cubre todos los países del mundo”, aunque sí “aquellos con los que la entidad de las relaciones políticas y económicas lo requiere”.

¿Significa eso que Rajoy renuncia a la defensa de las multinacionales españolas como Repsol? En realidad, el Gobierno saca pecho de su actuación en este conflicto enumerando sus acciones de respuesta: advertencia previa a Argentina y Bolivia de las consecuencias de sus acciones; campaña diplomática posterior “divulgando en todo el mundo un argumentario de las razones que asistían a Repsol”; envío del secretario de Estado de Cooperación a Bolivia; y denuncia ante “todas las instancias internacionales pertinentes”.

Informes trimestrales de las embajadas

Al margen de la efectividad o firmeza que hayan podido tener de estas medidas, lo cierto es que España cuenta con un sistema de información para aquellas empresas que operan o pretenden hacerlo en el exterior. Tanto el Ministerio de Exteriores como la Secretaría de Estado de Comercio y el Instituto de Comercio Exterior ofrecen estudios y evaluaciones de cada país. Las embajadas y las oficinas comerciales actualizan trimestralmente el escenario de cada nación, mientras que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales también elabora informes sobre cada país para facilitar información sobre riesgos y oportunidades a los empresarios.

Asimismo, el factor riesgo para operaciones de crédito está determinado por una escala del 1al 7 que fija la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. No obstante, pese a esta estructura, las críticas por los fallos de previsión en ambas expropiaciones arreciaron, salpicando incluso a la actuación del Centro Nacional de Inteligencia.