El abogado de Guerrero recauda dinero entre amigos y familiares para excarcelar a su cliente

Fernando de Pablo, abogado de Francisco Javier Guerrero, empezará hoy a recaudar dinero entre amigos y familiares de su cliente, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía que destapó la trama de los EREs falsos. Guerrero, en la cárcel de Sevilla 1 desde el pasado 10 de marzo tras el auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya, ha dado instrucciones a su letrado para que consiga los 250.000 euros que la magistrada le ha impuesto como fianza si quiere abandonar la cárcel.

Según confirmó este abogado a El Confidencial, el pasado viernes De Pablo visitó a Guerrero en prisión. “Se encuentra más animado por la posibilidad de salir en libertad”, destacó el letrado, tras lamentar que la cantidad impuesta por Alaya tuviera que ser en metálico. “Eso lo complica todo”, precisó, “de todas maneras, todas sus propiedades las tiene embargadas”.

El abogado del exdirector general de Trabajo abrirá hoy una cuenta corriente en Banesto, la entidad financiera “con la que trabajan los juzgados de Sevilla”, como confirmó De Pablo. El letrado prevé que el plazo de excarcelación de Francisco Javier Guerrero no será en ningún caso inferior a los 15 o 20 días.

La juez no pretendía de ningún modo excarcelar al que fuera alto cargo de la Junta de Andalucía, pero admitió en un reciente auto que no lo iba a mantener en prisión sine die. Para Alaya, las declaraciones de Guerrero habían sido las "más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa", respecto a la indiciaria falta de control de estas ayudas públicas, sobre la ausencia de cualquier procedimiento, sobre el presunto desprecio a la normativa legalmente aplicable, y sobre que las mismas giraban presuntamente, ya fueran ayudas colectivas, a empresas o individuales, "en torno a personas próximas a los sindicatos, al PSOE y a la Junta de Andalucía".

El exconsejero de empleo también recauda

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión desde el pasado 24 abril, también intenta reunir los 450.000 euros de fianza impuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla. Fernández tendrá que pagar en metálico esta cantidad, acudir los martes a los juzgados y designar un domicilio en el que pueda estar localizado si la autoridad judicial así lo requiere.

En el auto de 78 folios de prisión de Fernández, Alaya reflejó que el exconsejero del Gobierno andaluz intentó justificar en sus 40 horas de declaración que la publicidad del procedimiento específico (Convenio Marco), derivaba de la Ley de Presupuestos Anuales y del PAIF de la Agencia, ambos publicados en el BOJA, así como de las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno.

“Como se ha evidenciado de la declaración prestada por el imputado, si bien todo lo anterior podría poner de manifiesto el conocimiento general por parte de la Junta de Andalucía de la existencia del programa 031.L, de las transferencias de financiación y del mencionado procedimiento específico, desde luego lo que no generaba era el público conocimiento para los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza, de las modalidades de ayudas, que por tal motivo la Junta de Andalucía estaba repartiendo indiscriminadamente”, según argumentó la juez en el escrito judicial.