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Once años de desidia permiten a 200.000 trabajadores defraudar a Sanidad
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LAS CCAA LLEVABAN ESE TIEMPO SIN CRUZAR DATOS CON HACIENDA

Once años de desidia permiten a 200.000 trabajadores defraudar a Sanidad

Cerca de 200.000 personas han estado más de una década sin pagar por sus medicamentos porque tenían la tarjeta de pensionista cuando realmente estaban en activo.

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Once años de desidia permiten a 200.000 trabajadores defraudar a Sanidad

Cerca de 200.000 personas han estado más de una década sin pagar por sus medicamentos porque tenían la tarjeta de pensionista cuando realmente estaban en activo. El fraude que ayer desveló la ministra de Sanidad Ana Mato, en el Foro  ‘Ideas+Diálogo en Sanidad’, se podría haber evitado si las administraciones autonómicas no hubieran actuado con desidia a la hora de cruzar los datos de la Seguridad Social con los que obran en poder de Hacienda. Una recomendación que ya figuraba en un Real Decreto del año 2004 y que ha tardado 11 años en llevarse a la práctica.

La puesta en marcha del nuevo sistema de copago de los medicamentos, por el que los pensionistas pasarán a pagar un 10 por ciento del precio de sus medicamentos, ha permitido atajar este “fraude” a las arcas públicas al cruzar por primera vez en más de una década los datos de ambos departamentos. Según explica el Ministerio de Sanidad, los 200.000 infractores no tendrán, previsiblemente, consecuencias de ningún tipo, fueran o no conscientes del fraude que estaban cometiendo. 

De hecho, muchas de estas personas eran jóvenes que estaban adscritos a la tarjeta sanitaria de sus padres y que al no haber solicitado una tarjeta propia se estaban beneficiando de las ventajas que les correspondían a sus progenitores como pensionistas. Algo que hasta ahora había sido imposible de detectar por parte de las Administraciones, pero que se podría haber evitado si se hubieran puesto en práctica lo estipulado en el Real Decreto 183/2004, que regula la tarjeta sanitaria individual.

Al "poner al día" la base de datos de los 45 millones de españoles se ha descubierto también, según explicó Mato, que hay 800.000 personas que tenían tarjeta sanitaria como beneficiario dependiendo de un titular cuando tenían derecho a tener una tarjeta de titular, a la que se tiene derecho individual a partir de los 26 años, se haya trabajado o no. De esas 800.000 personas, una cuarta parte era la que no estaba pagando medicamentos porque tenían la tarjeta de un pensionista. A partir de ahora, en cambio, cada usuario de la Sanidad pública ya tienen asignado el código que indica lo que deberán pagar por sus medicamentos en la farmacia. 

A partir del domingo

La entrada en vigor del nuevo sistema tendrá lugar este próximo domingo, tal y como estaba previsto, y sin que Sanidad vaya a posibilitar una moratoria temporal a las comunidades que se habían mostrado más reticentes. Según explicó ayer Mato, las comunidades están haciendo “un esfuerzo importante”,  por lo que no cree que vaya a haber problemas más allá de casos puntuales o incumplimientos de la ley. “No me lo planteo”, dijo.

Además, la ministra de Sanidad añadió que el reembolso a aquellos pensionistas que sobrepasen el tope de 8 ó 18 euros mensuales (en función de su renta) que pueden copagar se hará “trimestral o semestralmente” y se ingresará en la misma cuenta bancaria en la que se les ingrese la pensión. No obstante, las comunidades también tendrán su propio margen para buscar otra fórmula, siempre que cumplan los plazos establecidos por la ley.

Mató adelantó también que en un futuro próximo se adoptarán medidas para que las familias numerosas paguen también menos por los medicamentos, algo que no ha podido hacerse ahora, explicó, por "motivos técnicos".

Cerca de 200.000 personas han estado más de una década sin pagar por sus medicamentos porque tenían la tarjeta de pensionista cuando realmente estaban en activo. El fraude que ayer desveló la ministra de Sanidad Ana Mato, en el Foro  ‘Ideas+Diálogo en Sanidad’, se podría haber evitado si las administraciones autonómicas no hubieran actuado con desidia a la hora de cruzar los datos de la Seguridad Social con los que obran en poder de Hacienda. Una recomendación que ya figuraba en un Real Decreto del año 2004 y que ha tardado 11 años en llevarse a la práctica.