Asturias afronta una durísima semana de conflictos bajo la amenaza de aislamiento

Asturias afronta la primera semana de junio con la amenaza de su paralización y aislamiento, como consecuencia de la radicalización del conflicto de la minería y del inicio de una huelga en el sector del transporte por carretera; conflictos que presagian duros enfrentamientos entre trabajadores y agentes antidisturbios, después de que el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, anunciara que no iba a permitir ningún acto de alteración del orden público, como los vividos la pasada semana, cuando los cortes de carretera por las protestas de los trabajadores del carbón colapsaron el tráfico con las comunidades limítrofes en varias ocasiones.

Ahora, los sindicatos de la minería han señalado que intensificarán sus acciones en la calle para que el Ministerio de Industria retire la propuesta presupuestaria que reduce las ayudas al carbón y los empleados de las empresas del transporte ya han subrayado que defenderán con uñas y dientes sus conquistas sociales en la negociación del convenio, cuya disparidad ha sido el origen de la huelga. Las movilizaciones se producen en los primeros balbuceos del nuevo gobierno del Principado de Asturias, que se debate entre su apoyo explícito a las reivindicaciones de los trabajadores y la necesidad de mantener la tranquilidad para que sus medidas anticrisis puedan surtir efecto.

El fin de semana ha servido como paréntesis para las protestas en el sector de la minería del carbón. Aún así, continúan los encierros de trabajadores de Hunosa en los pozos Candín y Santiago, en cuyo interior se ha recluido más de una docena de trabajadores para reclamar el mantenimiento de las ayudas al sector y la puesta en funcionamiento de los fondos mineros, paralizados por el Gobierno, como alternativa reindustrializadora. No solo en Asturias permanecen los encerrados en el interior de los pozos hasta que se solucione el conflicto. También en la vecina comarca leonesa del Sil los trabajadores llevan enclaustrados más de una semana para presionar a la Administración. Estos encierros llevan a familiares y amigos al exterior de las minas que, además de servirles de intendencia, actúan como concentraciones permanentes de ciudadanos para extender las reivindicaciones de los recluidos.

A partir de este lunes se espera que el conflicto se radicalice o, en palabras del secretario general del Sindicato Minero de UGT, José Ángel Fernández Villa, "se intensifique", tal y como advirtió tras la fracasada reunión del 29 de mayo en el Ministerio de Industria y después de la concentración de trabajadores en Madrid el pasado jueves. No se sabe muy bien en que consistirá esa "intensificación", pero el escaso éxito de las negociaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy y la detención el pasado jueves de un minero, imputado por un atentado a la autoridad que no existió según las imágenes grabadas, y que aún así fue puesto en libertad con cargos, han caldeado los ánimos entre los trabajadores de los pozos, que consideran que su situación abocaría al cierre de la minería si se confirman las propuestas del Ejecutivo central.

En las últimas horas, los líderes sindicales de la minería han extendido el argumento de la discriminación que sufre esta industria en relación con las ayudas que va a recibir la banca. A esta postura se opone la contundencia en las declaraciones del delegado del Gobierno con el fin de evitar nuevos bloqueos de la circulación e impedir que el conflicto se endurezca. Las palabras de Gabino de Lorenzo no han sosegado los ánimos de los mineros que entienden que es la última posibilidad de salvar un sector que da vida a varias comarcas en Asturias que tienen prácticamente al carbón como único sustento.

Además, los líderes sindicales apelan al respaldo que su defensa de la minería encuentra en el tejido social asturiano. No sólo los familiares y vecinos de los mineros y los partidos políticos de izquierda se han declarado partidarios de mantener las ayudas al carbón. También la Iglesia y varios alcaldes del Partido Popular han expresado su malestar con la decisión del Gobierno y varios de ellos acudieron a la protesta de Madrid del pasado 31 de mayo. Que el conflicto del carbón preocupa entre los conservadores es ejemplo el hecho de que la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, que fuera cabeza de lista en las pasadas elecciones autonómicas del 25 de marzo, interpelara en una reunión de la dirección del partido al propio Mariano Rajoy para que flexibilizara su actitud, teniendo como respuesta una desabrida intervención del presidente del Gobierno.

El Ejecutivo asturiano también ha mostrado públicamente su apoyo a los mineros y ha planteado la posibilidad de que en la lectura de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado se presente una enmienda que favorezca las tesis de los trabajadores. En esa misma línea podría estar reflexionando el grupo de senadores asturianos del PP, aunque esta posibilidad no ha sido confirmada en la cúpula del partido en esta región. En medios periodísticos se especula con la posibilidad de que esta semana algunos de los representantes de los ciudadanos y, especialmente de alcaldes de municipios mineros, se encierren en diversas instituciones políticas.

Huelga del transporte

Otro punto de enfrentamiento laboral en Asturias se focaliza en el sector del transporte. Las diferencias a la hora de negociar el convenio colectivo provincial, que agrupa tanto a mercancías como a viajeros, pueden contribuir a la paralización de la región. Para las doce horas de este lunes está prevista una huelga indefinida convocada por UGT y CC.OO. para rechazar aquellos puntos de la oferta patronal que, a su juicio, suponen, la pérdida de derechos conquistados durante muchas negociaciones que no están dispuestos a tolerar, pero que para los empresarios creen absolutamente imprescindible modificar para mantener el empleo.

Curiosamente, en la subida salarial hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero en el resto las posiciones están tan distantes que solo un milagro podría evitar el paro. Desde las doce del mediodía y durante toda la tarde de este domingo estuvieron reunidos representantes de ambas partes para buscar una solución que aborte el paro, pero el acuerdo se antojaba dificilísimo, porque además, dos de las patronales no acudieron a la cita, aduciendo que el paro no había sido desconvocado, como exigieron previamente.

En medios gubernativos preocupa también la huelga del transporte, ya que, tradicionalmente, los conflictos en este sector, se presentan muy radicalizados y el decreto de servicios mínimos ha crispado los ánimos de los huelguistas. Si el paro triunfa, como parecen avanzar los análisis de los expertos, gran parte de los ciudadanos quedarán inmovilizados y las empresas sufrirán los efectos de esta situación. Para más inri, la aparición el sábado de un autobús de la empresa ALSA totalmente calcinado ha elevado la irritación de los empresarios que culpan a los promotores de la huelga de esa acción vandálica para "demostrar su fuerza". Los sindicatos lo niegan, pero lo cierto es que el hecho en sí no ha contribuido a templar los nervios de las partes en las horas previas al comienzo de la movilización.