Teddy Bautista y otros usuarios VIP de la justicia gratuita

Teddy Bautista cobraba 340.000 euros al año como presidente de la SGAE. Un mileurista pero de mil euros al día. Eso en un ejercicio normal porque, entre 2009 y 2010, percibió 123.600 euros más  por otros conceptos.  En marzo de 2010 fue acusado de los delitos de apropiación indebida, estafa continuada de especial gravedad  y administración fraudulenta de la sociedad. El 12 de julio, Bautista renunció a todos sus cargos. Pero, tres meses después de haber dimitido, demandó a la SGAE por despido improcedente. Además, ya acusado de haberla esquilmado,  exigió a la sociedad una indemnización  de 1,8 millones de euros por el supuesto despido. El juzgado de lo social número 40 de Madrid desestimó su demanda. El proceso no le costó ni un sólo euro.

José Luis Rodríguez Neri. Segundo de Teddy Bautista y acusado de los mismos delitos que él. Cobraba de la SGAE 225.752,87 euros al año por diversos conceptos. En marzo de 2010, la sociedad suspendió su contrato con él durante las semanas  que estuvo en prisión.  El 4 de agosto le dio de nuevo de alta en la Seguridad Social y Neri aprovechó para tomarse sus 22 días de vacaciones. Después, y mientras duraba la investigación interna, disfrutó de un cómodo  permiso generosísimamente retribuido. El 23 de noviembre fue despedido y, como su jefe, demando a la SGAE por despido improcedente. En febrero, el juzgado declaró la (presumible) procedencia del despido. En cualquier caso, la demanda le salió completamente gratis.

Dolores Amorós. Ex directora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Cuando tomó posesión de su cargo en 2010 se subió el sueldo hasta los 590.000 euros anuales. Fue despedida de forma fulminante en septiembre de 2011 tras la intervención de la entidad en julio, entre otras cosas por falsear la contabilidad y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros. Acusaciones muy graves de los administradores del FROB (Fondo de Reordenación Bancaria), que no le impidieron acudir a los tribunales a reclamar su readmisión o una indemnización de 10 millones de euros. Su demanda, para la que no tuvo que soltar un céntimo de sus abultadas cuentas corrientes, fue desestimada.

Simples 'trabajadores'

En el momento en el que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anuncia un anteproyecto de ley que aumentará las tasas de la Administración de Justicia hasta límites que el CGPJ, en su preceptivo informe (aún no aprobado) considera “exorbitantes” y de “efecto disuasorio evidente” para los ciudadanos de a pie que necesiten acudir a los juzgados para  defender de sus derechos, Amorós, Neri y Bautista han recurrido gratis. Y cuando se aprueben las nuevas tasas de Gallardón, tampoco pagarán un céntimo por sus procesos, ganen o pierdan, sean razonables o no. Porque Amorós, Neri y  Bautista, altos directivos que disfrutaban de magníficos salarios, acuden a los juzgados de lo social como simples “trabajadores”.

Durante la dictadura, los juzgados funcionaban como concesión administrativa y existían diversos aranceles por el uso de la justicia que cobraban los secretarios. Las tasas judiciales se erradicaron en 1986, recuerda el informe del Poder Judicial, para que “todos los ciudadanos pudieran obtener justicia, cualquiera que fuera su situación económica o su posición social”. En 2002, se reintrodujeron parcialmente: sólo para las personas jurídicas no amparadas por los supuestos de exención.  Ahora, el anteproyecto de Gallardón prevé generalizar estos pagos tanto a personas físicas como jurídicas.

“Entre los trabajadores que acuden a lo social se ven altos directivos con salarios brutales que litigan causas imposibles por el coste de un folio. El propio Rato podría acudir a los juzgados de lo social sin pagar un euro”, señala Antonio Seoane, juez de lo Social de Madrid. “Hemos tenido un bombardeo muy fuerte de pleitos muy poco razonables como los de estos directivos, o los de controladores aéreos, pilotos y otras personas de ingresos tremendos. Se deberían revisar  los beneficios de la justicia gratuita en los juzgados de lo social con un límite de ingresos: establecer un tope y a partir de ahí, aplicar principios civiles”.

Según  la valoración que CGPJ ha hecho del proyecto de Gallardón, y que se aprobará previsiblemente en el pleno de la próxima semana, el alcance de la subida en lo social es “limitado” puesto que excluye a los trabajadores. Sin embargo, si se comparan los ingresos de algunos de estos beneficiarios de la justicia social gratuita con las tarifas que tendrá que pagar cualquier ciudadano para hacer valer sus derechos en otros órdenes el resultado puede ser sangrante.  Sobre todo para reclamar cantidades de escasa cuantía. Un ejemplo (lo pone el propio CGPJ): Un ciudadano que interponga recurso de apelación por una cantidad de 3.001 euros tendrá que pagar 815 euros de tasas (800 de cuota fija y 15 de variable). A eso habría que sumar 165 por interponer la demanda. En total: 980 euros, un 36% de la cantidad reclamada.

Se estima que cada pleito en los juzgados de lo social supone un coste de entre 1.000 y 1.500 euros para la administración. Y un juzgado de lo social de Madrid puede tramitar un millar de asuntos al año, cuando según el CGPJ la carga correcta es de unos 650, explican fuentes judiciales. El proyecto de tasas de Gallardón reconoce que esta imposición o subida de precios de la justicia obedece a “exclusivos motivos de oportunidad política y económica” aunque, también dice, busca evitar “situaciones de abuso constatables generadas por aquellos que litigan no buscando justa tutela de sus derechos, sino ventajas indebidas e ilegítimas al abrigo de nuestra normativa procesal”.  ¿Abusan Bautista, Neri, Amorós? Si es así, la reforma tal como está no lo evitará. “Ni se vislumbra –sigue el CGPJ- cómo la proyectada reforma puede incrementar la eficacia y racionalización de la Administración de Justicia”.

Porque además, como trabajadores Amorós Neri o Bautista podrían solicitar abogado de oficio pagado por las arcas públicas. “En lo social se reconoce la asistencia jurídica gratuita para todos los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social independientemente de su nivel de ingresos. Obviamente todos estos personajes acuden con sus caros abogados de pago pero si pidieran letrados de oficio habría que asignárselos”, señala Seoane. Si Cristiano Ronaldo lo solicitara, se le tendría que dar”.