Las víctimas del seísmo protestan en Murcia: “Aquí sólo hay dinero para las iglesias”

Lorca, más de diez meses después del terremoto, se ha echado hoy a las calles de Murcia para protestar por el abandono que sienten los afectados. Unos 3.500 vecinos de Lorca afectados por los terremotos, según los convocantes, se manifestaron hoy a las puertas de la sede de la Presidencia porque las ayudas prometidas no llegan, pese a que el Gobierno central ya las ha librado, y algunas zonas de la ciudad, como la calle Herrerías, en el barrio de La Viña, testimonian aún la inactividad y la desolación que se enseñorea de las zonas más afectadas por el seísmo. Esa vía es ahora una lengua de asfalto, con sus correspondientes aceras y bordillos, flanqueada por los solares que han dejado los doce edificios con 200 viviendas que tuvieron que ser derribados: fueron marcados con código negro por los técnicos.

Pedro Conesa Pérez, un conductor de 51 años con la prestación de desempleo agotada, casado y con dos hijos, que sobrevive gracias al subsidio de 426 euros mensuales, vivía en uno de los inmuebles derruidos en la calle Herrerías. El 11 de diciembre pasado, siete meses después del terremoto, la comisión mixta de los gobiernos central y autonómico le concedió una ayuda cuatrimestral “cofinanciada al cincuenta por ciento por el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, reza la notificación, para alquiler de vivienda, “Sólo me han pagado los cuatro primeros meses, o sea, de mayo a agosto. Ni un duro más”, cuenta Pedro. Y reconoce que tiene relativa suerte, pues algo le ha llegado. A muchos otros, ni siquiera eso.

Mario López García, de 31 años, otro afectado, critica que “para reparar las iglesias que son patrimonio cultural, para eso sí ha encontrado dinero rápido, de Cajamurcia o de cualquier banco; o para construir un cuartel nuevo de la Guardia Civil, también hay perras”, añade. “Que esa es la única grúa de la construcción funcionando ahora en Lorca”, interviene Pedro. “Sí”, continúa Mario, “pero para reconstruir la iglesia de La Viña, que hubo que tirarla entera, nada, ni un euro; pero, eso sí, vino [el arzobispo de Madrid y Primado de España, Ángel María] Rouco el domingo pasado y dijo que estaba con nosotros”.

"Toda la Iglesia ha estado con la ciudad desde el primer minuto tras los terremotos, en la oración, el afecto y la ayuda”, fueron las palabras textuales de Rouco. “No queremos caridad, queremos que la Comunidad use el dinero que le ha transferido el Estado para Lorca”, tercia Juan Pedro Martínez Sánchez, de 32 años, otro vecino que vive de alquiler desde el terremoto.

María Sánchez López, de 28 años, tía de Raúl, el niño de 14 que murió bajo los cascotes tras salir huyendo del bar familiar “La Viña”, como el barrio, cuando sintió el primer temblor, lo tiene muy claro. “Aquí, lo único que ha llegado rápido fueron las ayudas de particulares; lo oficial no llega. Como un anónimo que dio 150 euros a cada crío del colegio Pérez de Hita para comprar los libros de este curso”. El local del bar familiar, que tan tristemente famoso se hizo por la muerte de Raúl, sigue cerrado y ahora sirven en un kiosco instalado bajo una carpa, esperando las ayudas de reconstrucción.

Lo poco que llega a La Viña es con cuentagotas. En estos días se está distribuyendo un millón y medio de euros a repartir entre locales comerciales hasta un máximo de 8.000 euros cada uno para que arreglen las fachadas deterioradas por el sismo. “Mi hermana Sonia [la madre de Raúl] ha ido precisamente esta mañana a echar los papeles. Pero antes nos tendrán que decir si el edificio está en ruina o se puede rehabilitar”, dice María.

El problema de esos 155 inmuebles cuyo destino final es, hasta ahora, desconocido acucia a los vecinos que lo sufren directamente, especialmente si tienen comercios en ellos. Es el caso de Neva Victoria, de 61 años, que tiene una papelería y libería. La ha tenido cerrada cinco meses. Reabrió mientras lidiaba con el Consorcio de Seguros sobre las indemnizaciones.

“En este edificio, los catorce vecinos y comerciantes teníamos seguro, y el inmueble otro de un millón doscientos mil euros. Pero nos ha tocado una perito del Consorcio que no ha dado ni un duro y no hemos tenido más remedio que pedir una mediación”, relata Neva, a la espera de que se cumpla la promesa de edificar un nuevo centro comercial para los tenderos que han estado meses vendiendo bajo una carpa provisional. Si en La Viña la situación es difícil, con el 70% de comercios cerrados, según Neva y casi sin actividad apreciable en la calles, donde el terremoto ha creado una zona fantasma es algo más abajo, en el Barrio de San Fernando.

Son doce edificios de cuatro plantas y bajo diáfanos que fueron levantados para acoger a los desplazados por la riada de 1973. Lo formaban 15 bloques. Seis fueron catalogados con código negro y derribados. Otros nueve quedan bajo el estigma rojo. Algunos pisos siguen habitados por sus inquilinos o propietarios.

Algunas de las 30 familias habitantes de San Fernando fueron realojadas en un descampado cercano, en casas prefabricadas donadas por Cruz Roja. Ahí llevan diez meses, mientras esperan que se decida qué se hace con sus bloques.

Jesús Escarabajal, de 37 años, casado con dos hijas, lo tiene claro: “¡Aquí no hay dinero para la ciudadanía, solo para las iglesias! Vamos, que me expliquen a mí la necesidad de la torre esa del Parador [Nacional de Turismo que será inagurado en verano] que están reconstruyendo…”, exclama.

Del piso de San Fernando del que tuvo que huir para instalarse en la casa prefabricada, en la que “hemos pasado más frío que en el Polo”, debe 27.000 euros de hipoteca a Cajamurcia. “Me ofrecieron no sé que carencia o aplazamiento, pero ¡para qué!, si luego me va a cobrar el triple... Ya se lo dije el otro día a la subdirectora de la oficina, cuando no tenga para pagar, que me metan a la cárcel”, concluye.