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Los vecinos de Lorca claman contra el Gobierno regional por retener las ayudas
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10 MESES DESPUÉS DEL TERREMOTO MADRID YA LAS HA DESEMBOLSADO

Los vecinos de Lorca claman contra el Gobierno regional por retener las ayudas

Muchos vecinos de Lorca, la mayoría de los afectados por el terremoto del 11 de mayo de 2011 que mató a nueve personas, no aguantan más.

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Los vecinos de Lorca claman contra el Gobierno regional por retener las ayudas

Muchos vecinos de Lorca, la mayoría de los afectados por el terremoto del 11 de mayo de 2011 que mató a nueve personas, no aguantan más. En diez meses, lo único que se ha hecho en esa ciudad de casi 100.000 habitantes ha sido demoler los edificios en peor estado. Y poco más. Pero lo que más indignados les tiene es que las ayudas económicas transferidas por la Administración central sigan retenidas en las arcas del Gobierno autónomo murciano y no les hayan llegado más que las migajas.

El malestar que arrastran los afectados por el seísmo, un tercio del total de la población, se hizo patente el 23 de febrero en una pequeña manifestación ante las puertas del Congreso de los Diputados. Ahora, según ha ido creciendo su enfado, han decidido tirarse a la calle, el domingo próximo, no sin antes entregar hoy un escrito firmado por 6.440 lorquinos en el que denuncian al Defensor del Pueblo de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, el abandono en el que les ha dejado la Comunidad Autónoma de Murcia.

Los datos que maneja la Asamblea de Vecinos Afectados por el Terremoto de Lorca (AVAT) son apabullantes: al cabo de diez meses, cumplidos el 11 de marzo, sigue habiendo más de 2.000 familias desplazadas de su vivienda habitual, no se ha iniciado la reconstrucción de una sola vivienda de las 1.200 demolidas, como tampoco se ha comenzado a reconstruir ninguno de los dos institutos que tuvieron que ser derribados, unos 150 edificios continúan en situación indefinida (no se sabe si serán reparados o derribados), ha cerrado más del 50% del comercio de los barrios más afectados, como el de La Viña y así sucesivamente. Y no ha llegado prácticamente ninguna ayuda gubernamental.

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El causante de ese retraso está bien definido, según la AVAT. El decreto ley 06/2011 estableció que las ayudas a los damnificados por el terremoto para alquileres, reparación y reconstrucción de viviendas serían financiadas al 50% por el Estado y la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, se han resuelto unos 7.500 expedientes, la mitad más o menos de los incoados, por un total de 26 millones de euros.

El Gobierno central ha desembolsado su parte al regional para que lo complete hasta el 100% y lo distribuya, según reconoció recientemente Mario Garcés, subsecretario del Ministerio de Fomento que es también comisionado para la ayuda a Lorca, el pasado 14 de febrero, cuando visitó Lorca.

Muy pocos euros de ese dinero han llegado a los lorquinos. “El gobierno de Ramón Luis Valcárcel tiene ese dinero retenido y no sabemos a qué lo ha dedicado, pero a Lorca no lo ha enviado”, dice Juan Carlos Segura, representante de la AVAT. “Las ayudas están retenidas en la Administración regional”, admitió dos días después de la visita del comisionado el propio alcalde de Lorca, Francisco Jódar.

Los vecinos contemplaron desde junio cómo la administración regional del Partido Popular y el Gobierno central del PSOE, representado en Murcia por Rafael González Tovar, rivalizaban y se tiraban los trastos a la cabeza sobre la agilización de las ayudas a Lorca. Hasta cierto punto, lo entendieron. Pero ahora no comprenden cómo las ayudas siguen sin llegar ahora que el PP gobierna en Madrid mientras se ha nombrado, el pasado viernes 17, un nuevo cargo, el del Comisionada regional para Lorca, que ha recaído en la ex consejera de Hacienda murciana, Inmaculada García.

Muchos vecinos de Lorca, la mayoría de los afectados por el terremoto del 11 de mayo de 2011 que mató a nueve personas, no aguantan más. En diez meses, lo único que se ha hecho en esa ciudad de casi 100.000 habitantes ha sido demoler los edificios en peor estado. Y poco más. Pero lo que más indignados les tiene es que las ayudas económicas transferidas por la Administración central sigan retenidas en las arcas del Gobierno autónomo murciano y no les hayan llegado más que las migajas.