El juez de lo Social admite como pruebas las cintas grabadas en Invercaria

El juez que instruye el caso del despido laboral del despido de Cristóbal Cantos, ex directivo de Invercaria, ha aceptado las cintas grabadas y objeto del escándalo, por considerar que de ellas se puede deducir si ha habido presiones contra el técnico. Asimismo, el juez considera que dichas cintas no vulneran el derecho a la intimidad de la ex presidente de la empresa, Laura Gómiz, por haberse grabado en el entorno laboral.

Las cintas que se han entregado en el Juzgado de lo Social que instruye el caso del despido de Cristóbal Cantos tienen una duración de dos horas y son los originales de la grabación, por lo que no tienen los cortes de las que se han publicado. Este hecho tira por tierra los argumentos del actual presidente de Invercaria, de su antecesora, Laura Gómiz, y de la Junta de Andalucía, que habían tratado de deslegitimar el documento sonoro, asegurando que estaba manipulado. El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se apoyó en este argumento para deslegitimar la prueba y acusar a Cantos.

Asimismo, el hecho de que las cintas hayan sido consideradas por el juez como pruebas, también supone un revés para quienes aseguraban desde la Junta de Andalucía que unas grabaciones realizadas en las circunstancias en las que las hizo Cantos no tenían validez ninguna.

No había ni originales de los informes

Cristóbal Cantos se ha ratificado ante el juez en las presiones y supuestos tratos vejatorios sufridos por la actitud de Laura Gómiz, y ha asegurado que muchos de los expedientes que le ordenaban que realizara para que sirvieran de avales ante la Cámara de Cuentas no tenían ni originales y en muchos casos era necesario hacer incluso el informe previo en el que se tenía que apoyar la inversión de Invercaria en las empresas seleccionadas para recibir dinero.

En cualquier caso, el juez ha advertido de que lo que ahora está en consideración es un caso de despido laboral, el resto de lo que envuelve este polémico asunto corresponderá a otras instancias, si es que se considera oportuno. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha pedido las grabaciones para comprobar si hay en ellas indicios de delitos y a partir de ahí abrir un procedimiento distinto al laboral.

Por otra parte, está pendiente el resultado de la denuncia que ha interpuesto el PP ante el Tribunal de Cuentas, aportando el informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el que se vierten las posibles irregularidades cometidas en la concesión de créditos.