Garzón se apoya en Naciones Unidas para avalar su investigación sobre el franquismo

El juez Baltasar Garzón ha recurrido esta mañana a las investigaciones llevadas a  cabo en otros países contra delitos de lesa Humanidad para avalar la suya sobre los crímenes del franquismo. Su letrado, Gonzalo Martínez Fresneda, requirió la lectura en la Sala de numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que aluden a la persecución de las desapariciones forzosas.

La vista ha entrado en su parte más tediosa con la prueba documental: la lectura por la secretaria del tribunal de numerosos autos y resoluciones requeridos tanto por la defensa como por la acusación para avalar sus peticiones como parte de la prueba documental. El letrado de Garzón ha invocado la justicia universal y Manos Limpias ha echado mano de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama por milicianos.

La jornada arrancó con la declaración de los últimos testigos de la defensa. Emilio Silva, responsable de la primigenia Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con implantación en todo el país,  explicó al tribunal que en abril de 2010 presentaron una querella en Argentina para que la justicia de aquel país investigue las desapariciones del franquismo por ser delitos de lesa humanidad, como en 1998 hizo Baltasar Garzón con los de la dictadura argentina a requerimiento del letrado de las víctimas de aquel país, Carlos Slepoy.

Silva explicó a este diario, ya fuera de la Sala, que tomaron esta decisión por las trabas puestas por la Administración del Estado y el desinterés de los tribunales españoles por investigar los crímenes del franquismo.

Un magistrada argentina ha asumido la investigación y el pasado 12 de diciembre requirió al Gobierno español numerosa documentación sobre los hechos denunciados. La información se refiere a desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977, y la juez está a la espera de recibir los datos para decidir si sigue adelante o archiva la querella.

Emilio Silva relató al tribunal la desaparición de su abuelo y su asesinato junto a otras doce personas en una cuneta. La fosa fue localizada en 2000 y recuperados los restos de las víctimas, algunas de ellas identificadas gracias a las pruebas del ADN, entre ellas la del abuelo del testigo.

“Mi abuela se murió sin contarnos nada de lo que ocurrió con su marido –contó Silva-. Los vencedores buscaron, honraron y repararon a las víctimas de las hordas marxistas, como llamaban a los vencidos, mientras éstos fueron educados para callar”.

Desde entonces, la ARMH ha registrado más de 12.000 desapariciones, según el protocolo de Naciones Unidos para considerar a una persona como tal. Como otros testigos antes que él, Silva contó el periplo por cuarteles de la Guardia Civil y juzgados territoriales en busca de ayuda y justicia, que nunca encontraron. “Las exhumaciones las hemos hecho nosotros, y aunque antes de llevarlas a cabo denunciamos el hallazgo de restos al cuartel de la Guardia Civil o al juzgado más próximos, solo en dos ocasiones se desplazaron hasta la fosas”.

Antes declaró Antonio Solsona de la ARMH de Castellón, que relató el asesinato de su padre y de un vecino en octubre de 1947 a manos de miembros de la Benemérita, que lo detuvieron por haber dado comida a algunos maquis. “El atestado de la Guardia Civil, que hemos conocido muchos años después, dice que cuando eran llevados a la cárcel de Castellón intentaron huir y tuvieron que matarlos”. Lo que entonces se conocía como “ley de fugas”. La denuncia presentada en los juzgados de dicha localidad fueron archivados porque los delitos habían prescrito.

La comparecencia del testigo Antonio Ontañón, presidente de la Asociación República de Cantabria, se retrasó hasta mediodía, al sufrir un retraso el avión que le trasladaba desde Santander. Ontañón incorporó a la demanda de su asociación un libro del que es autor, “Rescatados del olvido”, que recoge 30 años de investigación sobre las desapariciones en dicha comunidad.

La acusación, que ejerce Manos Limpias, solicitó como prueba documental la lectura de cinco autos, dos dictados por Baltasar Garzón y tres por su sucesor en el juzgado, Fernando Grande Marlaska, en los que archivaba una querella presentada en 1998 por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, el Estado español y la Comunidad de Madrid por los fusilamientos ejecutados en dicha localidad por milicianos republicanos en noviembre de 1936.

Garzón ya explicó durante el interrogatorio al que fue sometido en la segunda jornada de la vista oral que adoptó dichas resoluciones porque la Audiencia Nacional no era competente al no aludir los hechos denunciado a delitos contra altas instituciones del Estado, como fue el caso del levantamiento militar de julio de 1936.

Las víctimas de Paracuellos ya fueron exhumadas y Garzón remitió a los querellantes a recurrir al juzgado de instrucción de dicha localidad. Los sucesivos recursos a otras instancias judiciales fueron rechazados y los demandantes recriminados por actuar con “falta de rigor jurídico” y haciendo caso omiso de las “reglas de buena fe” procesal.

La causa quedará mañana vista para sentencia después de que las partes eleven a definitivas sus conclusiones y Garzón haga uso del derecho a la última palabra.

La jornada comenzó con algunos incidentes en la puerta de acceso al Tribunal Supremo, donde cada día se concentran decenas de familiares de víctimas que esperan la llegada de Garzón para expresarle su apoyo. La visita del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al Consejo General del Poder Judicial, hizo que agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía “acorralaran” a los presentes formando un círculo en torno a ellos.