Rubalcaba quiere penalizar los contratos temporales con un bonus-malus a las empresas que abusen de ellos

El documento dedica un amplio apartado al empleo, que considera “el primer y principal problema nacional a lo largo de los últimos 30 años”, y da un repaso a la evolución del desempleo y el coste que supone al Estado. Así, si en 1980 había un millón y medio de parados, en poco más de un año se han perdido dos millones de puestos de trabajo para alcanzar la cifra récord de casi cinco millones de desempleados, cuyas prestaciones le cuestan a las arcas públicas 30.000 millones de euros anuales. Los socialistas reconocen que la crisis económica les ha obligado a “primar el empleo efectivo antes que su estabilidad”, lo que ha disparado la temporalidad que ahora pretenden combatir.  

Al bonus-malus antes citado añade otras medidas como aproximar el coste de los contratos indefinidos y temporales para desincentivar éstos, y mejorar la definición de las causas legales que ahora facilitan recurrir a ellos. Propone también impulsar el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial como fórmulas de trabajo estable.

Salarios ligados a productividad.

El documento no se olvida de los empresarios, que no han dejado de reclamar una reforma laboral que, entre otras cuestiones, facilite y abarate el despido para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo. El texto entona un mea culpa por las facilidades dadas a los empresarios, en forma de bonificaciones y reducción del impuesto de sociedades, que no se han traducido en más empleo. El Estado ha gastado 2.500 millones de euros anuales en este tipo de “estímulos” durante los últimos años, que el PSOE reconoce ahora que han tenido “escasa eficacia para crear y mantener empleo” porque han sido “poco selectivas”. Y no solo no se han creado nuevos empleos, sino que el trabajo indefinido ha sido sustituido por la contratación de trabajadores autónomos para desarrollar su labor. 

Pese a las críticas, la ponencia política recoge algunas de las reivindicaciones empresariales, entre ellas “un gran pacto global de rentas” para que las subidas salariales dejen de estar vinculadas al IPC y pese más la productividad y la competitividad de la empresa. Con una salvedad, que las limitaciones salariales de los trabajadores se trasladen también a los directivos, “porque no es posible asistir por más tiempo al indecente espectáculo de la convivencia de controles salariales o expedientes de regulación de empleo con la aprobación de bonus, pensiones o reparto de beneficios escandalosos”.

Más contratos para jóvenes desempleados.

El candidato Rubalcaba quiere dedicarle, y así lo ha manifestado en sus intervenciones públicas, especial atención al desempleo juvenil, que alcanza el 45%. 1.594.400 menores de 30 años están en paro. El criticado Contrato de Formación y Aprendizaje recientemente aprobado por el Gobierno, al que los empresarios pueden recurrir con trabajadores de hasta 30 años, se propone compaginar con un “programa de primera experiencia profesional” destinado a titulados universitarios o jóvenes con formación profesional para que sean contratados como temporales para trabajar en empresas cuya actividad esté relacionada con los estudios cursados. Estos contratos, pese a su temporalidad, tendrán ayudas públicas para su fomento. 

Un apartado enigmático dice que el empleo de los jóvenes es un compromiso de toda la sociedad, que debe concretarlo con su “contribución” a la financiación de las políticas destinadas a reducir su elevado porcentaje.

Como todo no va a ser tirar piedras contra el propio tejano ni hacer tabla rasa de la gestión del gobierno de Zapatero, del que Rubalcaba ha formado parte, la ponencia dedica algunos elogios a lo hecho por el Ejecutivo para luchar contra la crisis. Sus análisis, dice, han estado condicionados por una "situación de emergencia”,  y justifica una reforma laboral  que pretendía “a medio plazo” contribuir a la reducción del desempleo y de la dualidad entre trabajadores fijos y temporales, y aumentar la flexibilidad interna “negociada” en las empresas para adoptar las jornadas laborales y las condiciones de trabajo a la crisis para evitar la destrucción de empleo. Una reforma, recoge el texto “a la que no se ha dado tiempo alguno para comprobar sus efectos reales”.  

La intensidad de la crisis y la perduración de sus efectos hacen pensar, concluye, “que algunas cosas ya no volverán a ser como antes".