Bono y Barreda hicieron la vista gorda en la mayoría de los desmanes de "El Pocero"

Los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, primero con José Bono y luego con José María Barreda, toleraron la mayoría de desmanes urbanísticos en el macroproyecto de Francisco Hernando "El Pocero", según hace constar el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre el caso ‘Seseña’. Se recalificaron casi 2 millones de metros cuadrados de suelo y la mitad de las urbanizaciones aprobadas carecían del informe previo "de la consejería competente" (gobierno autonómico), que no lo hacía o lo emitía fuera de plazo.

Los nuevos datos y el detalle sobre los ya conocidos que aporta el máximo órgano fiscalizador del Estado dificultan el carpetazo parlamentario a un escándalo que el ahora presidente del Congreso, que dice que se va definitivamente de la primera línea de la política, quiere cerrar a toda costa y cuanto antes. El informe del Tribunal, que registra 192 irregularidades e ilegalidades en el caso, constata esos hechos y el Congreso tiene que decidir el próximo martes si da por zanjado el asunto con una resolución en la que se limite a proponer medidas para que no vuelva a ocurrir o si insta a la sección de enjuiciamiento del órgano fiscalizador a que indague sobre el posible delito cometido por los responsables políticos autonómicos y provinciales implicados 

Mientras las posibles responsabilidades penales del alcalde de la localidad y los concejales siguen su trámite judicial, queda por dilucidar en el Congreso las responsabilidades de las autoridades regionales: es evidente, según el informe del Tribunal de Cuentas, la dejación de funciones e, incluso, la sospechosa costumbre de no enterarse de nada de lo que ocurría en Seseña. Un hábito en que cayó el Ejecutivo autonómico durante casi tres legislaturas, pese a tener todas las competencias en materia de urbanismo y desarrollo del territorio. 

El número, variedad y reiteración de preceptos legales y normativos violados en el "caso Seseña" que contabiliza el órgano fiscalizador entre 1996 y 2007 es proporcional a la magnitud de un macroproyecto urbanístico que arrancó para levantar 11.000 viviendas y llegó -sobre el papel- a las 26.000, y que al final se levantó sin equipamientos ni, a veces, calles. En todo el proceso y a cada paso, según lo describe el tribunal, aparece siempre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque hacía la vista gorda. El informe recuerda que el gobierno autonómico "debería ejercitar en el ámbito de sus competencias las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga". Y concluye que si la autoridad autonómica hubiera cumplido con su obligación se hubieran podido evitar gran parte de las irregularidades y modificaciones del planteamiento de origen "no justificadas en el interés general". 

Urbanizaciones clandestinas 

Ramón Álvarez Miranda, consejero del Tribunal de Cuentas especializado en la materia, puso algunos ejemplos en el Congreso: "La mitad de los PAU (programas de actuación urbanística) tramitados se aprobaron y adjudicaron sin contar con el informe previo de la consejería competente previsto en la normativa, lo que no llegó a emitirse o se emitió con posterioridad al plazo previsto para ello". Es más, hasta el 32 por ciento de esos programas ni siquiera figuraban inscritos en el registro correspondiente de la Junta de Comunidades.

La cifra de pérdidas para el erario público también es enorme. La suma de las cantidades "condonadas" a los promotores del proyecto porque el Ayuntamiento de Seseña dejó de cobrar licencias de obras, permutas de terrenos o "cuotas de urbanización" asciende a 9,8 millones de euros, según se deduce de las denuncias del Tribunal de Cuentas. Es un regalo a cuenta de tributos para las arcas municipales especialmente cuantioso si se tiene en cuenta que Seseña era un municipio que en origen sólo tenía 3.000 habitantes. También está la renuncia del consistorio a las cesiones de terreno a que estaba obligado el constructor y que el concejal correspondiente no se molestó en reclamar: 229.000 metros cuadrados que debían reservarse para zonas verdes y otros 20.000 para dotaciones diversas. Además, el Ayuntamiento se "olvidó" de otros 211.000 metros que debía destinar a viales más 2.600 para infraestructuras. 

“Un dislate” 

La comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas tiene que votar el próximo día 20 las resoluciones correspondientes al citado informe sobre el "caso Seseña", decidir si deja abierta la puerta para perseguir las responsabilidades políticas del escándalo o si echa tierra a un asunto que el portavoz socialista en la materia, Manuel Mas i Estela, reconoce como "dislate" o "delirio". Pese a ello, Bono y el PSOE sólo quieren que Las Cortes aprueben una serie de "recomendaciones" para que no se repitan hechos como el sucedido en la