Rubalcaba tumbó en 2006 la ley de reforma de las diputaciones y reducción de municipios

La última idea de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la necesidad de reformar las diputaciones ha puesto de manifiesto las contradicciones en el PSOE y en el propio candidato socialista. Mientras José Blanco, desde el Gobierno, o Elena Valenciano, desde su equipo electoral, salían rápidamente a secundar la iniciativa, “barones” regionales como José Antonio Griñán ponían el grito en el cielo. Y el colofón lo rubricaba el ex ministro Jordi Sevilla en su twitter, al recordar que él presentó al Gobierno un proyecto para reformarlas a finales de 2006 que fue rechazado por sus compañeros de un Ejecutivo del que formaba parte el propio Rubalcaba.

Rubalcaba sigue levantando ampollas en un PSOE donde la “bicefalia” nunca ha funcionado. Con el secretario general del partido encerrado en la Moncloa preparando con su equipo económico las nuevas medidas de recorte, el candidato sigue lanzando iniciativas de campaña que reciben el rechazo de un sector de sus propios compañeros o que ponen en entredicho su propia labor cuando formaba parte del Gobierno. La última, la necesidad de “revisar profundamente” el papel de las diputaciones provinciales.

En pleno revuelo por la “idea” de Rubalcaba, el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla ponía el dedo en la llaga en su twitter. Sevilla dejaba en evidencia al candidato del PSOE al recordar que en 2006 presentó al Consejo de Ministros un proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en el que proponía “reestructurar a fondo” las diputaciones provinciales y planteaba la conveniencia de reducir municipios. Un proyecto que fue desestimado por sus compañeros entre los que estaba, como ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Lamentablemente, no tuve apoyos”, dice Sevilla.

Efectivamente, Sevilla trabajó desde 2005 en una reforma de la ley de Bases para la cual creó incluso una comisión con la Federación de Municipios y Provincias que presidía el también socialista Francisco Vázquez. Esos trabajos desembocaron en un libro blanco sobre la reforma del Régimen Local que debía haber derivado en el proyecto de Ley. “Las diputaciones, en la nueva ley del Gobierno Local que estoy preparando, reforzarán su aspecto de ayuda a los ayuntamientos pequeños y medianos en el ámbito de sus competencias, sin invadir otras que les son ajenas”, decía Sevilla en una entrevista el 4 de diciembre de 2006. Sin embargo, el Consejo de Ministros, con Rubalcaba en él, se lo tumbó, y el fracaso de esa reforma fue determinante para que José Luis Rodríguez Zapatero cesara a Sevilla en julio de 2007.

Discrepancias entre los socialistas

Blanco, el mismo que insiste una y otra vez -saltándose los procedimientos establecidos- que Rubalcaba será el secretario general del PSOE pase lo que pase en las elecciones, apoya “claramente” la idea lanzada de suprimir esas “instituciones obsoletas”, eso sí, sin tocar las del País Vasco y Navarra “porque son forales”. En la misma línea se pronunciaban la jefa de campaña de Rubalcaba, Elena Valenciano, o uno de las viejas glorias del partido y padre de la Constitución, Gregorio Peces Barba, que respalda suprimir las diputaciones o, al menos, revisar su papel porque “basta” con una “administración local”.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía se ha opuesto frontalmente a la idea del candidato de su partido. Para José Antonio Griñán las diputaciones “son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían". Y más tajante ha sido su consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, quien las ha defendido "a ultranza, se llamen como se llamen".

El PSOE lo rechazó en febrero

Pero las contradicciones en el PSOE van más allá, porque su viabilidad ha sido debatida en el Congreso en los últimos meses y ha sido el propio Grupo Socialista, con el apoyo del PP, el que ha rechazado varias iniciativas para que la gestión de muchas de sus competencias fueran asumidas por las Comunidades Autónomas. El propio diputado socialista Román Guerrero defendió en febrero de este año “el carácter histórico” y el “arraigo ciudadano y presencia sobre el terreno” de las diputaciones para echar abajo una proposición de Ley del BNG que quería disminuir sus competencias.