La Generalitat de Cataluña estudia auditar la adjudicación de obras del Tripartito

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que preside Artur Mas, está dispuesto a realizar una auditoría sobre la adjudicación de obras públicas en la demarcación de Gerona tras el escándalo desatado por el descubrimiento de una presunta red de corrupción en la que estaría implicado el gerente de Carreteras de la empresa pública GISA en Gerona, Jordi Vergé, y varios empresarios, entre ellos el consejero delegado de la constructora Rubau Tarrés, Juan Mozo. Ambos fueron detenidos y están en libertad con cargos, acusados de soborno y alteración de precios de concursos y subastas públicas. “Si se descubren indicios racionales en las licitaciones de obras o si vemos algo raro, encargaremos una auditoría sin dudarlo”, manifestaron  fuentes del Gobierno autonómico a El Confidencial. Y ello porque “es un tema que atañe al anterior Gobierno, no a nosotros. Si algo han hecho mal, que respondan de ello”.

 

Las mismas fuentes señalan que tanto el juzgado como la Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) han pedido documentos de expedientes de obras relativos a las etapas 2007-2009 y 2009 hasta la actualidad. Del análisis de algunos de ellos, según se desprende de los informes que obran en el sumario, había “acuerdos colusorios” entre empresas licitantes para desbancar a algunas competidoras. Para ello, presentaban ofertas muy similares en las subastas de obras públicas y seguían unos patrones establecidos de tal manera que, según consta en el sumario, es totalmente “improbable que el comportamiento en las licitaciones sea fruto del azar”.

Los investigadores siguen varias líneas de trabajo para determinar hasta qué punto el 'pool' de empresas conchabadas copaba todas las subastas públicas. Por ello, solicitaron documentación no sólo a la empresa pública GISA, sino al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, que encabezaba durante estos años Joaquim Nadal, a la Diputación de Gerona y al Ayuntamiento de esta ciudad, que entregó los expedientes más tarde y, por ello, todavía se están estudiando. Las licitaciones de las obras adjudicadas directamente por el Departamento dependían tanto del jefe del Servicio de Equipamiento Viario como de la dirección general de Carreteras.

Una empresa "ejemplar"

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, salió ayer públicamente en defensa de la Administración y subrayó el gran prestigio que tiene GISA. Homs descartó cambios en los métodos de adjudicación porque, dijo, “un modelo infalible 100% que lo evite todo no se conoce en ningún lugar del mundo”. El portavoz enfatizó también que el escándalo que investiga el juez no afecta directamente al Gobierno de Artur Mas. Otras fuentes de la Generalitat consultadas por este diario, sin embargo, subrayan especialmente que “las irregularidades se cometieron con el anterior Gobierno. Y daremos todo cuanto nos pidan de Anticorrupción o del juzgado con sumo gusto, máxime teniendo en cuenta cómo se están comportando algunas personas, que tratan de desgastarnos a pesar de llevar sólo dos meses funcionando. Ni siquiera nos han permitido los cien días de gracia que se le da a cualquier nuevo Gobierno”.

Fuentes del anterior ejecutivo consultadas por este diario señalaron que el alto cargo detenido por el escándalo “no era un cargo político, sino técnico, ya que llevaba más de 20 años como funcionario. Además, antes de llegar a GISA estuvo destinado en la dirección general de Carreteras”. El propio ex consejero Joaquim Nadal salió también al paso destacando que GISA era “una empresa ejemplar”. El actual presidente del grupo parlamentario socialista recordó también que Vergé “es técnico de GISA desde la fundación de esta empresa pública y, por tanto, ya tenía, antes de la llegada de los socialistas al Gobierno, la misma responsabilidad que tiene ahora”.

Las investigaciones, sin embargo, también han detectado varias irregularidades en las obras adjudicadas por la Diputación de Gerona. Según ha podido conocer este diario de fuentes cercanas a las investigaciones, “las empresas del cártel [que ascienden a casi una veintena] pujaban siempre de manera conjunta” también en las obras de la corporación provincial. Con ello, condicionaban la media económica, que era la que se tenía en cuenta a la hora de adjudicar las obras. Respecto a este tema, la utilización de la media aritmética para valorar las ofertas es un procedimiento que la propia UE ha desterrado, ya que con este modo de licitación no se prima a la oferta mejor, sino a la que más se acerca a la media de las ofertas presentadas.