Los funcionarios se rebelan contra la Junta: “¡Hasta aquí hemos llegado!”

Siempre votó al PSOE, pero ahora apoyará al PP. No porque le guste Javier Arenas, sino porque quiere un cambio. Está harto del socialismo andaluz. Adrián Salado, de 36 años, trabaja como arquitecto técnico en la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Esperando  a que se ponga el semáforo en verde en la esquina entre la calle Palos de la Frontera y la avenida de Roma, Salado participaba en la macromanifestación de este sábado (45.000 personas, aseguran los convocantes) contra el decretazo Griñán, que “blanqueará 20.000 puestos de trabajo”, denuncia.

Este funcionario gana 24.000 euros brutos anuales, pero los de la administración paralela andaluza cobran hasta 10.000 euros más que los que, como él, hace tiempo que son funcionarios. “Hasta aquí hemos llegado”, zanjaba Salado. Junto a este empleado público se encontraba otro manifestante, de 44 años, 15 de ellos en la Agencia Andaluza del Agua, que aboga por una “vuelta a la higiene democrática”.

Había desencantados con el PSOE o con los sindicatos mayoritarios como UGT. Tres chicas de unos treinta años, con camisetas naranjas de empleadas públicas de Torretriana, se sentían engañadas con el sindicato ugetista. “Nos decían cosas distintas y decidimos que iríamos por nuestra cuenta”, relataba este sábado una de ellas.

La manifestación empezó a las doce del mediodía desde el principio de la calle San Fernando, en la esquina de la fachada del clásico hotel Alfonso XIII. Allí se agrupaba, al lado del Palacio de San Telmo, un grupo de funcionarios de Córdoba del sindicato Ustea que lucían una pancarta/esquela: “Don empleo público, quieren que fallezca a golpe de decreto, y le han atestado ya el decreto-ley 5/2010, de 27 de julio de 2010, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, con nocturnidad y mucha alevosía D.E.P. Su compungida esposa, doña calidad de los servicios públicos…”.

Contra un viento gélido, el griterío avanzaba: “¡Griñán, entiende, Andalucía no se vende!”. Ana López y Pilar López, mellizas de Jaén, de 30 años, son funcionarias desde hace seis años. “Hay gente sin carrera que pueden entrar ahora sin oposición; están pisando nuestros derechos”, aseguraban. Otro funcionario, con base en Sevilla, de 64 años, primero empleado público del Estado y luego de la Junta, no quiere dar su nombre por temor a represalias. “Quieren desactivarnos”, lamentaba.

Alejandro, de veintitantos años, pertenece a los de “Izquierda anticapitalista”, muy animados con silbatos y pancartas. “Es posible que el PP se esté beneficiando de todo esto, pero estas reivindicaciones no son políticas”, abundaba el joven no funcionario, sino antisistema. Olga Fernández, de 40 años, aprobó en 1995 las oposiciones de la Junta. Tras pasar por los escalafones inferiores ya está como funcionaria del grupo A de la Consejería de Cultura.

La manifestación acabó frente al antiguo hospital de las Cinco Llagas, la sede del Parlamento andaluz. Los funcionarios seguirán saliendo a la calle. Y la Junta no tiene intención de derogar el decreto. La guerra continúa…