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La izquierda abertzale depende del Supremo para regresar a las instituciones
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LA SALA DEL 61 DEL TS REGULA LA LEY DE PARTIDOS

La izquierda abertzale depende del Supremo para regresar a las instituciones

ETA acaba de proclamar una tregua permanente, un paso que se entiende como la antesala para poder negociar con el Gobierno un final definitivo. La prioridad

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La izquierda abertzale depende del Supremo para regresar a las instituciones

ETA acaba de proclamar una tregua permanente, un paso que se entiende como la antesala para poder negociar con el Gobierno un final definitivo. La prioridad inmediata de la banda y, principalmente, de su aparato político, es poder volver a las instituciones. Sea como sea, quieren estar presentes en las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 22 de mayo. La batuta para que esto sea posible es la Justicia, concretamente la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que regula la Ley de Partidos.

En un principio, el Gobierno sostiene que va a hacer todo lo posible para que Batasuna, bajo el nombre que sea, no entre en la vida pública. Sin embargo, podría pasar lo que ya ocurrió con Acción Nacionalista Vasca (ANV) o el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en los comicios de 2007: el Alto Tribunal, a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, permitió acceder a las instituciones a ambas formaciones; se impugnó aproximadamente la mitad de las candidaturas, pero la otra parte entró.

A pesar que la banda terrorista había cometido el 30 de diciembre de 2006 un atentado en el aeropuerto de Barajas, llevándose dos vidas por delante, el Ejecutivo no dio por finalizada la tregua; siguió con la idea que el fin de ETA podía llegar. Sin embargo, los hechos demostraron que, tras su entrada en los ayuntamientos, la banda decidió anunciar el fin del alto el fuego y volvió a la lucha armada activa. Un año después, en septiembre de 2008, el Supremo ilegalizaba y disolvía estos partidos políticos por ser uno de los tentáculos de la organización terrorista.

Para las próximas elecciones, la izquierda abertzale está siguiendo el mismo patrón: intenta desvincularse de manera pública de ETA para que la Justicia le conceda el beneficio de la duda y se consientan sus objetivos. Los tribunales tienen, por tanto, la llave.

Adaptarse a la realidad social

En la anterior tregua, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón señalaba en uno de sus autos que la Justicia también debe adaptarse a la realidad social. El magistrado incluso llegó a afirmar que la izquierda abertzale nada tenía que ver con la banda terrorista. En ese tiempo, el ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, quedaba absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo y el sanguinario etarra José Ignacio de Juana Chaos pasaba de ser acusado a 96 años de cárcel por amenazas terroristas a ser condenado a tres años.

En este nuevo proceso, es cierto que Otegi también ha quedado absuelto por falta de pruebas en otro juicio por enaltecimiento del terrorismo, en este caso por el mitin de Anoeta de 2004. La Audiencia Nacional está siendo cada vez más rigurosa con sus sentencias, dejando absueltos a aquellos etarras contra los que no hay suficientes pruebas. El último caso ha sido este miércoles, cuando un tribunal, presidido por Alfonso Guevara, ha absuelto a catorce acusados de kale borroka al no haber suficientes pruebas contra ellos.

Juicios contra el aparato político

En un proceso de negociación, lo más beneficiados son todos aquellos que no tengan delitos de sangre. Van a ser clave los dos juicios contra el aparato político de la banda que se van a celebrar antes de esta primavera: la causa de Batasuna, abierta desde 2002, y en la que hay 40 acusados, y la de Bateragune, con ocho procesados. La primera de ellas es la causa penal contra la formación política. Se les acusa, entre otros, a Otegi o Joseba Permach de financiar a ETA a través de las herriko tabernas. En el segundo proceso, se deberá vislumbrar si Otegi y Díez Usabiaga, entre otros, intentaron reconstruir la mesa nacional de Batasuna con una nueva formación que se iba a llamar Bateragune.

Cuando lleguen estos juicios, y depende de cómo se encuentre la situación a nivel ejecutivo, los jueces deberán decidir si los representantes políticos de la banda deben pagar por sus delitos y en qué grado lo deben hacer. Por ahora, tanto el presidente de la Audiencia Nacional como el fiscal jefe de este órgano judicial han recordado que la Justicia no está en tregua.

ETA acaba de proclamar una tregua permanente, un paso que se entiende como la antesala para poder negociar con el Gobierno un final definitivo. La prioridad inmediata de la banda y, principalmente, de su aparato político, es poder volver a las instituciones. Sea como sea, quieren estar presentes en las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 22 de mayo. La batuta para que esto sea posible es la Justicia, concretamente la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que regula la Ley de Partidos.

Arnaldo Otegi Audiencia Nacional