Una familia española expropiada por Chávez inicia su segunda huelga de hambre

“Estamos agotados. Es triste que tengamos que llegar a una situación tan extrema para ejercer un derecho fundamental”. Luis Solórzano, en huelga de hambre desde el pasado jueves junto a sus tres hermanos, atiende la llamada de este periódico antes de entrar al Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI) para escuchar la última propuesta económica del Gobierno de Hugo Chávez. “Si no nos dan lo que pedimos seguiremos con la protesta”, advierte. 

El de su familia es uno de los casos más conocidos de entre los que han padecido los cientos de españoles cuyas tierras han sido expropiadas inmisericordemente por el Gobierno de Venezuela. En 2005, el Estado expropió la finca familiar “La Vaca” manu militari sin que hayan recibido, en este tiempo, ningún tipo de indemnización. Sí muchas promesas que nunca llegaron a nada más. Porque el Gobierno chavista se comprometió en 2008 a compensarles con 10 millones de bolívares (unos 2´5 millones de dólares) que aún no han recibido. 

“Estuvimos tres años en un largo proceso de búsqueda de documentos para poder demostrar que la propiedad de la tierra era nuestra”, explica Luis por teléfono. “Y encontramos documentos que demuestran quiénes han sido los propietarios de las tierras desde 1734, cuando el rey Carlos III cedió las tierras a una familia”. Sus padres, José Solórzano, de 85 años y también en huelga de hambre, y la canaria Pilar Adolia, ya fallecida, compraron la finca en 1965 directamente al Estado. 

Los cuatro herederos, Luis, Carlos, Olga y Ángel, de entre 30 y 58 años, ya llevaron a cabo su primera huelga de hambre el pasado mes de octubre. Entonces, como ahora, cogieron sus bártulos y acamparon a las puertas del Consulado español en Caracas para exigir al Gobierno de Chávez el cumplimiento “inmediato” de lo pactado en 2008. Así estuvieron nueve días, hasta que, el 14 de octubre, el INTI se comprometió a pagarles en 30 días. Otra promesa que también el tiempo se ha llevado por delante y que les ha obligado ahora a repetir el ayuno.

La embajada, incapaz de defender su caso

“El Consulado hace sus esfuerzos para mediar, pero trata de llegar a un acuerdo de manera diplomática porque dicen que no se pueden poner de parte”, explica. “Su gestión ha sido medianamente satisfactoria. Nos gustaría que hicieran mayor presión, pero insisten en que no se puede hacer nada más con el Gobierno de Venezuela”. 

Como ya publicó El Confidencial, la propia embajada de España en Venezuela se declara incapaz de hacer nada por los españoles afectados. Un cable remitido por el ex embajador Damaso de Lario al ex ministro Moratinos resumía la situación de forma dramática: “Los resultados en materia de protección consular han sido sumamente limitados (…). La única manera de proceder es aguantar y negociar lo mejor que se pueda”.

Sobre la finca de los Solórzano se hicieron dos valoraciones, una por una firma contratada por la familia y otra por el Estado, la única que finalmente valió, que fue “cinco veces menor que la que nos hicieron a nosotros”, explica. “La oficina del Gobierno de Canarias en Venezuela tampoco ha dado la cara en ningún momento. En cinco años hemos visto a su responsable dos veces y solo ha pasado para saludarnos, no para mediar o ayudar”. 

La finca "La Vaca"  tenía 33.000 hectáreas situadas en la ciudad de Calabozo, en el centro del país. De ella dependían 120 personas directa e indirectamente y se cultivaban frutas, arroz y maíz, además de que se criaba ganado, cerdos, pollos y peces. 

La expropiación de la finca forma parte de la política oficial puesta en marcha por Chávez para "recuperar" terrenos que el Gobierno considera de "utilidad pública" o cuya titularidad no queda demostrada, según el criterio oficial, así como de latifundios catalogados de "ociosos". Cientos de españoles, en su mayoría de origen canario, han sufrido las expropiaciones forzosas del Gobierno de Chávez.

El INTI de Venezuela ofreció hace unos días a los Solórzano pagarles la indemnización en dos partes, una de ellas el próximo mes de enero. “Hubo una propuesta y estuvimos a punto de levantar la huelga, pero tenemos entendido que el ministro no la aprobó porque dicen que no tienen recursos”. Si la situación no cambia, la familia, unida, seguirá adelante con la protesta todo el tiempo que haga falta.