El Supremo justifica que Bono recibiera regalos millonarios de un constructor amigo

El Tribunal Supremo rechazó ayer la admisión de dos querellas contra José Bono por los regalos recibidos del constructor Rafael Santamaría, dueño de la inmobiliaria Reyal. El Alto Tribunal considera que la “relación de amistad” entre ambos justifica la entrega de dádivas y se niega a investigar el notable incremento patrimonial experimentado por el actual presidente del Congreso. Bono se mostró exultante tras conocer la noticia y tachó de “delincuentes y calumniadores” a los impulsores de la denuncia, las asociaciones de abogados Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción.

Según los querellantes, Bono intercambió a Santamaría un piso en Madrid, valorado en 559.779 euros por una inmobiliaria independiente, por dos áticos en Estepona con un valor de 1.474.460 euros. Es decir, el regalo del constructor se elevaría a 914.681 euros. Sin embargo, los magistrados creen al ex presidente manchego,  que valora su vivienda en la capital en 909.611 euros, y el precio de los áticos en 1.080.000 euros. “Desde esta segunda perspectiva, la existencia de una posible dádiva o regalo no puede sostenerse”.

Otro punto de la denuncia se refiere a los “gastos en decoración por importe de 7.669 euros, ejecutados en la casa que bono tenía (o tiene) en Olías”. Santamaría regaló Bono la decoración de la habitación de su hija menor en su casa familiar de Olías del Rey (Toledo). Sin embargo, el Supremo considera que al ser la mujer del constructor “madrina de bautizo” de la niña, esta “relación de amistad” justifica los pagos.

“No puede afirmarse que la función pública del querellado sea la única causa que justifique la realización de trabajos en el inmueble por valor de 7.669 euros”, señala el auto judicial. El Supremo también se niega a investigar la relación entre el Gobierno de Bono en Castilla-La Mancha y las adjudicaciones y subvenciones a las sociedades de Santamaría. A juicio del Supremo, esto significaría llevar a cabo “una inquisición general”.

Los querellantes habían expuesto que Santamaría, su mujer y sus hijos recibieron subvenciones del Ejecutivo autonómico a través de las entidades Yalqui S.A, Vega del Záncara S.L. Asimismo, la querella recogía que Bono “autorizó o dio todos los parabienes sin los cuales el milagro de la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables resultaba de todo punto imposible” en el caso Valdeluz. Se trata de la conocida ciudad del AVE, donde el dueño de Reyal promueve 10.000 viviendas próximas a la parada del tren de alta velocidad. Una gran operación que el Gobierno de Bono autorizó en 2001.

Importante incremento patrimonial

Pero el Alto Tribunal sostiene que “la querella no indica si la concesión de estas subvenciones era el acto pretendido y que se esperaba del querellado, o si se esperaba del mismo que influyera en la autoridad competente para concederlas, a cambio de la pretendida dádiva”. Es decir, que la querella no establece una conexión directa entre regalos y favores políticos, clave para hablar de cohecho.

Según publicó El Confidencial, la relación de amistad entre Santamaría y Bono se tradujo en más regalos, como caballos de competición para su hípica toledana por valor de 200.000 euros. Uno de los equinos fue adquirido en Francia con billetes de 500 envueltos en papel de periódico, y facturado a nombre de Rafael Hoteles.

El presidente del Congreso también ha estado en el centro de la polémica por su relación con el también constructor Francisco Hernando, El Pocero, así como por su extraordinario incremento patrimonial. Antes de su separación, la familia Bono acumuló ocho parcelas rústicas, un piso en Toledo, un chalet en Olías del Rey, otro en Bargas, cuatro pisos en Madrid, dos áticos en Estepona, un local en Albacete, un apartamento en Campello y la famosa Hípica de Toledo.