La Fiscalia acusa a Marruecos de un delito de lesa humanidad que no puede investigar

Marruecos ha podido cometer un delito de lesa humanidad; ha perseguido a un grupo por el hecho de pertenecer a la etnia saharaui. Así de rotundo es el fiscal en su escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En un principio, podría parecer que el Ministerio Público apuesta por investigar al país norteafricano. Sin embargo, el fiscal hace una puntualización reveladora: solicita al magistrado que certifique si Marruecos ya está investigando el ataque al 'Campamento de la Dignidad' en El Aaiún, en el que murieron, entre otros, el español Baby Handay Buyema. El hecho relevante es que el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, querellado en esta causa, ya aseguró al vicepresidente Alfredo PérezRubalcaba que su justicia se está haciendo cargo del asunto, durante su visita elpasado día 16.

Con este dato encima de la mesa, el Ministerio Público hace un alegato en contra del país vecino, después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reconociera tan sólo hace una semana que Cherkaui ha colaborado mucho con España en materia antiterrorista.

La querella interpuesta por la Liga Española Pro Derechos Humanos no tiene, por tanto, más recorrido. Fuentes jurídicas señalan que son diversos los motivos por losque la Audiencia Nacional no va a investigar el centenar de muertos por los enfrentamientos el pasado 8 de noviembre. A todo esto, hay que tener en cuenta que el juez que debe decidir si se admite a trámite la querella no es uno de los mayores defensores de la Justicia Universal.

Por tanto, una vez que Marruecos confirme que existe un proceso judicial abierto por la muerte de Handay, ya quedará bloqueada toda opción de investigarlo en España. El principio de jurisdicción universal es claro. Sólo puede haber un único proceso por el mismo hecho y tiene prioridad el país donde se ha cometido el delito. “La necesidad de intervención jurisdiccional conforme al principio de justicia universal queda excluida cuando la jurisdicción territorial se encuentra persiguiendo de modo efectivo el delito de carácter universal cometido en su propio país. En aras de evitar una duplicidad de procesos, antes de la admisión a trámite de la querella sobre tales delitos deberá constatarse la inactividad de la jurisdicción del Estado en cuyo lugar se cometieron presuntamente los hechos y de la Comunidad Internacional”, sentencia el Tribunal Constitucional.

Por tanto, el fiscal Pedro Martínez no va a mover ficha hasta que el juez tenga una respuesta de la comisión rogatoria solicitada a Marruecos. En cuanto obtenga contestación, que previsiblemente será a favor, informará en contra de investigar el asunto. Mientras tanto, sostiene en su escrito que la actuación policial marroquí en El Aaiún “se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico”. Existe, dice, un “mínimo de prueba” de que efectivamente se han cometido violaciones de derechos humanos.

Por ahora, sólo se ha probado la existencia de una única víctima de nacionalidad española pero no es descartable, según el fiscal, que haya más “sobre todo si atendemos a la especial relación del pueblo saharaui con la nación española y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas”.