El juez Andreu permite la manifestación ‘abertzale’ en San Sebastián

Fernando Andreu es uno de los jueces más garantistas en la Audiencia Nacional. Tanto que ha decidido no atender a las peticiones tanto de la Fiscalía como de la asociación Dignidad y Justicia y ha permitido que se celebre la manifestación convocada para este sábado en San Sebastián.

El magistrado entiende que él no es el competente para ilegalizar actos sino la autoridad gubernativa y recuerda que el Departamento de Interior del Gobierno vasco ha aceptado esta convocatoria.

No es el juez, dice, el responsable de prevenir delitos sino a la autoridad gubernativa, “a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de manifestación, pues es a ella a quien está encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana”. A lo largo de esta semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha recibido informes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza.

Todos ellos recogían que tanto el convocante oficial de la manifestación como las otras seis personas que anunciaron la convocatoria en rueda de prensa han sido candidatos en alguna ocasión en partidos políticos ahora ilegalizados como Batasuna, ANV o PCTV. Concretamente, el convocante, Gorka Goyache Picabea, fue candidato por ANV en 2007 en las elecciones municipales en San Sebastián (Guipúzcoa), anulada por el Tribunal Supremo y no amparada por el Tribunal Constitucional.

Por todo ello, tanto el Ministerio Público como la asociación de víctimas consideran que se trata de una manifestación “blanca”, de una convocatoria “encubierta” que tiene como único objetivo homenajear a ETA. Sin embargo, el juez no lo ve así. Considera que de los antecedentes de los convocantes no puede inferirse la existencia de ilícito penal, pues “en ningún momento hasta la fecha” se hace referencia a que en el acto convocado se vayan a realizar actos de enaltecimiento a personas, grupos o elementos terroristas.

Para Fernando Andreu, si se ilegaliza un acto por el simple hecho que los convocantes tienen antecedentes con partidos supeditados a ETA se estaría aplicando un “derecho penal de autor”, que va en contra de una sociedad democrático. Esto significa que se estaría aplicando una norma a una persona por su condición o antecedentes.

A pesar de todo, pide al Gobierno vasco que controle la manifestación para evitar que se produzca ningún delito de enaltecimiento del terrorismo ni apoyo a asociaciones declaradas ilegales.