El PSOE ‘legitima’ la financiación irregular de CiU a través de fundaciones

La financiación indirecta de los partidos políticos es intocable. El Grupo Socialista decidió en su reunión de ayer votar en contra de la proposición de ley que defenderá hoy el portavoz de ERC, Joan Ridao, para acabar con las donaciones sin control a las fundaciones y asociaciones privadas que revierten sus recursos públicos y privados a las fundaciones y asociaciones de los partidos políticos. De este modo, el caso de la Fundación del Orfeo y de la Música Catalana que financió a CiU a través de la Fundación Trías Fargas se considera pecata minuta y podrá repetirse en el futuro.

 

Los socialistas decidieron a última hora de ayer votar en contra de la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos que defenderá esta tarde el portavoz de ERC Joan Ridao en el pleno del Congreso, a pesar de que cuando estalló el escándalo de la desviación de fondos del Palacio de la Música Catalana (el ‘Caso Palau’) votaron a favor de una moción condenando los hechos y exigiendo transparencia y control a las fundaciones privadas que transfieren fondos a las fundaciones de los partidos políticos.

La Fundación del Palau de la Música y del Orfeo catalán transfirió 630.000 euros a la Trías Fargas de Convergencia Democrática de Cataluña para la campaña electoral de 2003. Las donaciones quedaron de relieve a raíz del descubrimiento del desvío de fondos del entonces presidente del Palau de la Música, Félix Millet, y de su administrador, Jordi Muntull. Ambos responsables habrían desviado 20 millones de euros en cinco años de gestión a sus cuentas en Suiza y efectuaron donativos a la Fundación Trias Frargas, de Convergencia, que preside Artur Mas para pagar gastos electorales. Mas anunció en noviembre de 2009 que cambiaría el nombre de la fundación para no deteriorar la memoria de Trias, fallecido hace 20 años.

Las donaciones indirectas a las fundaciones de los partidos políticos eran entonces perfectamente legales. La reforma de la ley de financiación de los partidos políticos de 4 de junio de 2007 para erradicar la financiación irregular, suprimió las donaciones anónimas y las sometió al mismo régimen de control que los partidos, pero dejó abierta la puerta para que las empresas privadas que presten servicios o tengan contratas con las administraciones públicas puedan realizar sus donativos a través de las mismas. Además, la reforma no contempló prohibición ni control alguno sobre las aportaciones o donaciones que puedan obtener de otras fundaciones privadas que reciban subvenciones de las administraciones públicas directamente y de las empresas con contratas con las mismas.

De este modo, las fundaciones interpuestas, han podido financiar a los partidos políticos, como ha quedado de relieve en el ‘Caso Palau’. Lo que ahora pide ERC en su proposición de ley es la modificación de la ley de financiación de los partidos políticos de modo que se prohíban las donaciones a las fundaciones de los partidos por parte de aquellas fundaciones y asociaciones que reciben recursos de las administraciones públicas o de empresas que reciben contratas de las mismas y, también, que las fundaciones y asociaciones de los partidos no puedan recibir más de 150.000 euros anuales de una misma entidad, ya sea persona física o jurídica.

El necesario apoyo de CiU para culminar la legislatura

Los socialistas rechazan de plano la propuesta y la inscriben en la contienda electoral entre CiU y ERC ante las elecciones catalanas de noviembre próximo. Han designado a un tipo gris, el abogado y diputado abulense Pedro Muñoz, ex alcalde de Cebreros, para argumentar contra la misma. Fuentes de la dirección del Grupo Socialista reconocen que su voto favorable a la propuesta de ERC sería un palo en la rueda del acuerdo que intentan alcanzar con CiU para culminar la legislatura.

Aparte de la financiación indirecta a través de las fundaciones y de las asignaciones autonómicas, municipales y para el funcionamiento parlamentario, los partidos políticos reciben 86 millones anuales del Estado para su funcionamiento ordinario. Según la liquidación del primer trimestre de este año, publicada el paso día 15 en el BOE, el PSOE recibió 8.044.732 euros, más 413.051 para seguridad; el PP, 8.498.619, más 436.356 para seguridad; el PSC, 1.409.508, más 72.370 para seguridad; CiU  620.498, más 31.859 para seguridad, y las demás formaciones, unas cantidades inferiores a 250.000 euros, con excepción de IU, que recibe 450.000 euros al trimestre. El 70% de la financiación estatal anual va a los dos grandes partidos.