Chacón 'privatiza' Defensa: encarga la seguridad de polvorines y explosivos a vigilantes armados

Carme Chacón ha dado un salto cualitativo en el imparable proceso de externalización de servicios en instalaciones militares puesto en marcha a comienzos de esta década por el último Gobierno del PP. La privatización de la Defensa, que empezó con las academias militares, continuó con los hospitales de los tres ejércitos y llegó a los cuarteles, va a afectar, incluso, a la custodia de armamento y explosivos, que será confiada a partir de ahora a vigilantes privados.

El Ministerio de Defensa adjudicó el pasado miércoles a la empresa Segur Ibérica S. A. la protección de las instalaciones dependientes de la Dirección General de Armamento y Material situadas en las provincias de Madrid y Guadalajara. El contrato, al que aspiraban otras cuatro empresas -Esabe, Securitas, Segurisa y Ombuds-, se lo llevó Segur Ibérica por presentar la mejor oferta, que asciende a 1,93 millones de euros y tiene una vigencia de dos años.

El contrato especifica claramente que los vigilantes deberán ir armados, y que, además de tareas rutinarias como controlar el acceso de personas y vehículos a las instalaciones o patrullar por el interior y exterior de las mismas, tendrán que custodiar los polvorines, explosivos, armamento y municiones allí almacenados, y encargarse también de proteger el transporte de cargamentos sensibles a otros centros adscritos a la Dirección General de Armamento y Material.

Las instalaciones que protegerán los vigilantes armados de Segur Ibérica, a partir del próximo 1 de septiembre, son el Instituto Tecnológico Militar La Marañosa, en San Martín de la Vega; el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada; el Polígono de Experiencias de Carabanchel y el Centro Electrónico de Artillería, todos ellos en la Comunidad de Madrid, y el Centro de Evacluación de Análisis Radioeléctricos, en Bellavista (Guadalajara).

Laboratorio de referencia

La unidad que se lleva la parte del león del contrato (1,35 millones de euros) es La Marañosa, un importante centro de investigación de armamento nuclear, químico y bacteriológico, además de laboratorio de referencia para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado. En La Marañosa se analizaron, por ejemplo, las muestras del explosivo que mató en febrero de 2007 a la soldado española Idoia Rodríguez mientras patrullaba en Afganistán; o las sustancias potencialmente peligrosas incautadas en 2003 en Cataluña a una supuesta célula terrorista vinculada a Al Qaeda, y que finalmente resultaron ser inocuas.

El contrato con Segur Ibérica es el tercero de estas características que Defensa firma este año con una empresa de seguridad privada. El primero, que asciende a 5,1 millones de euros sólo en 2009, incluye la vigilancia de diversos cuarteles del Ejército de Tierra ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, La Coruña, Mallorca, Cantabria, Burgos, Toledo, Huesca, Huelva y Guadalajara. El segundo, que se eleva a 4,1 millones de euros, cubre la vigilancia de varios hospitales militares dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

La primera vez que Defensa externalizó los servicios de seguridad de una unidad militar fue en 2001, siendo ministro Federico Trillo, pero se trataba de un centro de enseñanza: la Academia General Militar de Zaragoza, donde se forman los futuros oficiales del Ejército de Tierra. La medida, sin embargo, desató una gran polémica y fue acogida con recelo por el PSOE -entonces en la oposición-, que criticó al Gobierno de José María Aznar por tratar de "privatizar la Defensa".