Jueces y fiscales retuercen la ley para esquivar a los jurados populares

La institución del jurado languidece en España. La cifra de juicios celebrados con este sistema disminuye cada año con la colaboración de jueces y fiscales, cuya interpretación de la ley favorece a los tribunales profesionales, en detrimento de la justicia popular. En 2007, el jurado participó en 327 procesos, mientras que en 2008 apenas lo hizo en 300 casos. Un número sorprendentemente bajo, ya que el jurado debe decidir sobre doce delitos tan variados como homicidio, amenazas, allanamiento de morada, cohecho, incendios forestales o malversación de caudales públicos.

Sin embargo, la reciente decisión del Tribunal Supremo, que obliga a repetir el juicio del asesino y violador de dos policías en prácticas en L’Hospitalet, puede dar un nuevo impulso a la justicia popular. Hasta ahora, explicaron fuentes judiciales, el Supremo había “mirado para otro lado”, permitiendo que jueces y fiscales “leyeran la ley al revés” para evitar celebrar los juicios con jurado. Pero, a partir de la última sentencia del Alto Tribunal, se siente una clara jurisprudencia para que los tribunales acaten la ley del  jurado, que ya ha provocado la airada reacción de la Fiscalía de Cataluña.

El  truco que se utiliza para no contar con el jurado consiste en primar un delito menor, como la tenencia ilícita de armas, sobre otro más grave, como el homicidio, a la hora de decidir el formato del juicio para un asesino. El jurado debe enjuiciar los casos de homicidio, pero jueces y fiscales prefieren aferrarse a cualquier otra infracción de la ley para celebrar el juicio con un tribunal profesional. Una lectura equívoca de la ley que ha sido tolerada hasta la fecha por el Supremo.

Las fuentes judiciales consultadas apuntaron que los juicios con jurado suelen convenir a los abogados defensores, pero no a fiscales y jueces, quienes lo consideran una pérdida de poder y competencias, así como un esfuerzo de trabajo suplementario. “Es más cómodo ir una mañana al tribunal que preparar a fondo un caso y defenderlo durante tres, cuatro o cinco días”, precisó el abogado Gustavo López-Muñoz, presidente de honor de la Asociación pro Jurado.

Los juristas contrarios suelen aludir a las dificultades para fundamentar el veredicto de un jurado, que toma la decisión basándose en cuestiones poco técnicas, como creer más a un testigo que a otro. Sin embargo, para López-Muñoz, “la justicia penal pertenece a todos los ciudadanos, y si sólo pertenece a los juristas, no es justicia”. “El jurado es una representación viva de la sociedad. Hay jurista que no han salido de casa estudiando las oposiciones y que cuando ejercen no toman ni el autobús”, sostuvo López-Muñoz, quien añadió que “un vendedor sabe más de lenguaje corporal que un juez a la hora de estudiar a un testigo, no hay que despreciar a los ciudadanos, porque no somos tontos”.

Escasez de recursos

La escasez de recursos que caracteriza a la Administración de Justicia también ha jugado en contra de la justicia popular. Su mayor complejidad no ayuda a agilizar la marcha del sistema y, aunque los juicios con jurado tienen la categoría de urgente, su celebración acaba dependiendo de asuntos tan pedestres como que exista una sala libre con los asientos y el espacio necesario. Así, casos que deberían tener lugar en unos días, acaban acumulando meses de retraso en provincias saturadas como Madrid. Además, elegir a once ciudadanos para conformar el jurado, nueve titulares y dos suplentes, conlleva reunir a 20 candidatos el día del juicio, retribuirles con hasta 67 euros diarios, a los que hay que sumar los gastos de alojamiento y manutención, así como una compensación de 0,19 euros por kilómetro, si se han desplazado en automóvil.

A pesar de estar recogido en la Constitución, la ley del jurado no se puso en marcha hasta 1995, con Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior. No obstante, su origen hay que buscarlo en las Cortes de Cádiz de 1812. Los datos históricos rebaten el tópico de que en España no existe, como en los países anglosajones, cultura de jurado. Como ejemplo, entre 1920 y 1924 se celebraron 9.900 juicios con jurado, y en 1931, durante la II República, hubo 468, 168 más que en 2008. Una tendencia que  puede cambiar radicalmente a partir de ahora si, como ha recordado el Supremo, se cumple la ley del jurado.