Azata, promotora de El Algarrobico, también sembró la polémica con una promoción de lujo en Boadilla

Azata, la promotora de José Domingo Rodríguez Losada responsable del macrohotel El Algarrobico, va sembrando la polémica allá por donde construye. La mole de más de 20 plantas que se yergue sobre un terreno protegido del parque natural del Cabo de Gata, en Almería y a 14 metros del mar, fue objeto ayer de una nueva acción de Greenpeace, que recordó su condición de “hotel ilegal”. Pero El Algarrobico no es la única promoción de Azata cuestionada. La urbanización La Alcazaba, de 219 chalets de lujo en Boadilla del Monte, ya levantó sospechas en su momento. El alcalde de esta localidad madrileña, Arturo González Panero, está imputado en la operación Gürtel contra la corrupción y el blanqueo vinculados al PP.

Casualmente, fue Panero el edil encargado de aprobar La Alcazaba de Boadilla y Leopoldo Arnaiz, el arquitecto de la promoción, además del asesor del planeamiento urbanístico de la localidad. Los socialistas de Boadilla destacaron en su día –y así figura aún hoy en su página web- que “tanto la empresa inmobiliaria como el arquitecto tienen un vasto currículo en materia urbanística (…) El pelotazo está asegurado”. Arnaiz fue imputado junto al ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, en un affaire de recalificaciones fraudulentas, conocido como el escándalo de Compodón.

Parece que Rodríguez Losada tiene querencia por los municipios sospechosos de corrupción. En Marbella tienen su sede Azata Patrimonio y Pinar del Rey 56; en Estepona, objeto de la Operación Astapa, Azata también proyectaba construir “el mayor complejo comercial de España”, de la mano de Costasol de Hipermercados.

La ‘marbellización’ de Boadilla

En Madrid, Azata ha sido muy activa en los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Las Rozas y Boadilla del Monte. Concretamente en Boadilla, al igual que en Almería, La Alcazaba despertó las quejas de la oposición y los ecologistas, que criticaron “la marbellización” de la localidad, al planearse pegada al encinar del Monte de Boadilla.

Azata consiguió que su Plan Parcial "Sector Camino Bajo – Depuradora" fuera aprobado en 2001. Cuatro años más tarde, Ley 9/2001 del Suelo mediante y un Plan General de Ordenación Urbana nuevo, se dio luz verde definitiva a La Alcazaba. Eso sí, con un aumento de la edificabilidad superior al 120%, según el grupo ecologista Boadilla Ecológica.

Una portavoz de Ecologistas en Acción ha señalado a El Confidencial que “todo el plan general de Boadilla es muy sui generis, lo que da posibilidad a todo tipo de tropelías. Hay un sistema de convenios que permite salvar las expropiaciones a cambio de suelo en otro sitio”. Como quiera que el plan de Azata fuera aprobado a caballo entre dos leyes del suelo madrileñas, "La Alcazaba se benefició del aumento de edificabilidad de una y se libró de la obligatoriedad de construir vivienda protegida de la otra", asegura.

Pero José Domingo Rodríguez de Losada no se ha beneficiado solamente de administraciones populares, como demuestra el reincidente apoyo por parte de la Junta de Andalucía en el Algarrobico. En la nota de prensa que lanzó ayer Greenpeace a propósito de su acción, la organización ecologista denunció la actitud del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, “que ha dejado de lado la legalidad y sigue permitiendo que el hotel continúe en pie a pesar de los doce pronunciamientos judiciales en su contra. De hecho, parte de estos pronunciamientos judiciales apoyan los argumentos defendidos por el propio Ministerio sobre la utilidad pública de los terrenos”.

Medio Ambiente aboga por abandonar la expropiación de El Algarrobico

"A pesar de todas las sentencias sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, el Ministerio que se supone debe defender el Medio Ambiente ha decidido paralizar la recuperación de los 100 primeros metros de playa" declaró Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. En esto no se diferencia demasiado del ático de José Blanco en VillaPsoe (A illa de Arousa).

Tras la sentencia del pasado mes de septiembre, por la que el Juzgado número 2 de Almería declaraba nula la licencia de obras del hotel, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un informe a la Abogacía del Estado para analizar cómo afectaba la sentencia al proceso de expropiación. El resultado final fue un informe en el que, sin ningún argumento jurídico de peso, se aboga por abandonar el proceso de expropiación.

Hace dos semanas, Greenpeace mostró su rechazo a estas conclusiones de la Abogacía, y le hizo llegar un escrito sobre sus consideraciones al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa y a la Directora General de Costas, Alicia Paz.

"La pasividad del Ministerio sólo sirve para dilatar un proceso que debía haber culminado hace tiempo. Están siguiéndole el juego a la promotora Azata del Sol y al Ayuntamiento de Carboneras. Es el mundo al revés", concluía Greenpeace.