Uría llevaba más de 20 años negándose a pagar a ETA el 'impuesto revolucionario'

Son decenas, tal vez cientos, los empresarios vascos que en las últimas cuatro décadas cedieron al chantaje de ETA y acabaron pagando el llamado impuesto revolucionario. Casi todos por miedo, y la inmensa mayoría para proteger a sus familias. Pero muchos más hicieron frente a los intentos de extorsión y rechazaron contribuir económicamente a la caja etarra. Uno de ellos fue Ignacio Uría Mendizábal, de 71 años, asesinado ayer en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde tenía su sede la constructora Altuna y Uría, de la que era miembro de su Consejo de Administración.

Uría y su empresa, fundada en 1969, llevaban más de 20 años recibiendo amenazas de ETA, pero jamás pagaron a la banda terrorista cantidad alguna, según han asegurado a El Confidencial fuentes de la lucha antiterrorista y del entorno del empresario asesinado, que militaba en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y mantenía excelentes contactos con la cúpula de esta formación.

Fuentes del PNV recordaron ayer a este periódico que Construcciones Altuna y Uría empezó a recibir amenazas y cartas de extorsión a mediados de la década de los 80, y que en 1986 la empresa ya sufrió un atentado en sus instalaciones. El 17 de abril de ese año, un comando de la entonces ETA Militar atacó con explosivos la sede de la empresa en Azpeitia, provocando cuantiosos daños materiales. Al día siguiente, la Guardia Civil detuvo en esa misma localidad a los presuntos autores del atentado, cuatro etarras sospechosos, además, de haber cometido tres asesinatos.

Poco después, en octubre de 1986, ETA secuestró al industrial guipuzcoano Lucio Aguinagalde por negarse a pagar el impuesto revolucionario. Eran los años del plomo de la banda, y sus atentados y extorsiones se contaban por docenas. El Gobierno de Felipe González advirtió a varios empresarios, cuyos nombres aparecían en la lista de contribuyentes intervenida a ETA en la cooperativa Sokoa, de que emprendería acciones legales contra ellos si continuaban pagando. Los que no lo hicieron, como Uría, siguieron recibiendo amenazas. Aguinagalde fue liberado por la Ertzaintza, pero dos meses más tarde otro empresario guipuzcoano, Jaime Caballero, corrió la misma suerte por no ceder al chantaje económico.

Más amenazas por Leizarán

Las amenazas contra Construcciones Altuna y Uría prosiguieron en la década de los 90, coincidiendo con el inicio de las obras de la polémica autovía de Leizarán, que ETA también puso en su punto de mira. La empresa, junto a otras cuatro constructoras, constituyó una UTE para construir la autovía que uniría Navarra y Guipúzcoa. Pero la banda terrorista, que rechazaba una parte del trazado, mantuvo su acoso sobre todas ellas hasta que, finalmente, el Gobierno vasco aceptó introducir las modificaciones exigidas por los terroristas. Cuando la autovía fue inaugurada, en mayo de 1995, ETA había dejado tras de sí un reguero de cuatro cadáveres -dos empresarios y dos policías- y casi dos centenares de atentados contra las obras y las empresas adjudicatarias.

Los intentos de extorsión contra Uría se intensificaron a principios de esta década, cuando Construcciones Altuna y Uría era ya una de las empresas líderes en el sector de obra pública e infraestructuras en el País Vasco. El hecho de que la constructora fuese una de las más beneficiadas por las adjudicaciones del Gobierno vasco, unido a la cercanía del industrial asesinado ayer al PNV,