El Gobierno mantiene su desafío ante jueces y secretarios pese al éxito de la huelga

La huelga de jueces y secretarios, que ayer paralizó los juzgados de toda España, agravó el conflicto que estos colectivos mantienen con el Gobierno. El ministerio de Justicia reconoció el éxito de la convocatoria y cifró en un 73,2% el seguimiento, frente al más del 90% que calculó el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ). Sin embargo, el ministro Mariano Fernández Bermejo tachó las protestas de “movimiento corporativo difícilmente explicable en términos de racionalidad”.

 

Bermejo afirmó que los paros pretendían presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no cambie la sanción al juez Rafael Tirado por los errores del caso Mari Luz, y advirtió: “Si alguien pretende ser intocable no lo conseguirá. En el Estado de Derecho, si hay una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona”.

 

Además, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó la libertad de los miembros del Gobierno para criticar las decisiones del CGPJ porque se trata de un órgano “no jurisdiccional”. Precisamente las manifestaciones de Bermejo y de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega criticando la levedad de la sanción a Tirado, 1.500 euros de multa, han sido uno de los principales detonantes del conflicto, ya que han sido consideradas por los jueces como una grave injerencia política.

 

Jueces y secretarios reivindicaron también la modernización de la administración a través de la informatización, la implantación de una nueva Oficina Judicial o la mejora de las leyes procesales. Rafael Lara, portavoz del CNSJ, aseguró a este diario que el Ejecutivo ha tratado de ocultar las deficiencias del sistema sancionando a Juana Gálvez, secretaria del juez Tirado, con dos años de suspensión de empleo y sueldo. Lara rechazó las acusaciones de corporativismo y aseguró que han iniciado este movimiento “porque si no, la justicia se hunde”.

 

El seguimiento masivo de la huelga ha alentado a los secretarios a mantener su pulso con el Gobierno. Así, Lara indicó que las diferentes asambleas reunidas ayer propusieron repetir los paros el próximo mes si no aprecian un cambio de actitud en el Ejecutivo. Por su parte, las juntas de jueces organizadas ayer, calificadas por el ministerio de Justicia como una “huelga encubierta”, forzaron al CGPJ a convocar a las asociaciones profesionales a una próxima reunión que sirva para impulsar la modernización de la Justicia.

 

Protestas en el Supremo y la Audiencia Nacional

 

Los jueces esperan que de ese encuentro salga una mejor distribución del trabajo en los diversos partidos judiciales, así como el compromiso del CGPJ de exigir al ministerio de Justicia una acción más ágil para reformar el sistema. Lorenzo del Río, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, explicó que el objetivo de los jueces es “poder trabajar más y mejor”, razón por la cuál han decidido “exteriorizar” su malestar a la sociedad sobre las condiciones en que se ven obligados a realizar su trabajo.

 

En la Audiencia Nacional, los  41 secretarios se sumaron a la huelga, y los magistrados Baltasar Garzón, Santiago Pedraz, Fernando Andreu, Ismael Moreno, Eloy Velasco y Fernando Grande-Marlaska emitieron un comunicado denunciando el volumen de trabajo que tienen que afrontar con un problemas de personal y uno medios precarios. Asimismo, 46 de los 60 magistrados del Tribunal Supremo firmaron un manifiesto en el que tildan de “intolerables” las “presiones” políticas por el caso Mari Luz.