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La última esperanza para la justicia española: la sociedad civil
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PROYECTO DE REFORMA DE LA FUNDACIÓN WOLTERS KLUWER

La última esperanza para la justicia española: la sociedad civil

La pretensión de querer reformar la justicia española es evidentemente elevada. Pero lo es quizás mucho más si se trata de hacerlo desde nuestra prácticamente inexistente

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La última esperanza para la justicia española: la sociedad civil


La pretensión de querer reformar la justicia española es evidentemente elevada. Pero lo es quizás mucho más si se trata de hacerlo desde nuestra prácticamente inexistente sociedad civil. Aún así, Rosalina Díaz, una de las grandes figuras en el mundo de la edición jurídica se ha fijado esta meta con la creación de la Fundación Wolters Kluwer, que se presentará en sociedad este próximo mes de octubre.

La mujer detrás de la nueva Fundación Wolters Kluwer es consciente de las limitaciones que tiene la sociedad española. “Yo creo que en España no existe una sociedad civil capaz de articular acciones y ponerse en marcha”, dijo Díaz a El Confidencial. “No hay plataformas civiles. Realmente están los partidos políticos y poco más”.

A pesar de ello, la directora general de una de las editoriales jurídicas más importantes de España considera que es esencial impulsar la calidad de nuestra justicia a través de la sociedad. “Es muy importante ver lo que los agentes económicos, jurídicos y políticos quieren de la justicia”.

Su idea ha sido respaldada incondicionalmente por un patronato de grandes nombres. “A todos les parece un proyecto interesantísimo”, dijo Díaz. En total son siete, todos ellos hombres –la única mujer es ella, que actuará como presidenta-, y de ideologias contrapuestas. Virgilio Zapatero, antiguo Ministro de la Presidencia durante el gobierno de Felipe González; Enrique Arnaldo, secretario general de la Fundación y ex vocal del CGPJ; Jaume Matas, antiguo Ministro de Medio Ambiente durante la presidencia de Jose María Aznar; Enrique López, actual portavoz del CGPJ y encargado de dirigir el; Jose María Michavila, antiguo Ministro de Justicia del PP; Miguel Rodríguez-Piñero, antiguo presidente del Tribunal Constitucional durante el gobierno de González y Juan Roca, ex rector de la Universidad de Murcia. Quedan por nombrar tres personas más, entre las cuales figurará seguro una mujer.

Dado que uno de los grandes males de la justicia española es su excesiva politización, resulta llamativo un experimento en el que representantes de los dos principales partidos politicos del país tratarán de solucionar lo que no hay manera de arreglar oficialmente. Díaz, aseguró que, pesar de la variedad ideológica, “cuando se sientan juntos da gusto”. A la jurista no le preocupa que sean de derechas, de izquierdas o de centro, “con tal de que sean profesionales del mundo en el que nos movemos”.

La agenda de los ciudadanos en lugar de la de los políticos

“Nosotros no nos vamos a meter en temas de organización judicial de tipo político, sino en aquellas cosas que afectan a los ciudadanos y a la actividad de la justicia”. Ejemplos hay muchos: número y reparto de jueces, turno de oficio, temas de extranjería, etc. La magnitud de los problemas se está midiendo a través del Observatorio de Calidad de la Justicia, que dirige Enrique López, que en estos momentos trabaja recopilando información para dar muy pronto unos datos.

Adicionalmente, las mesas redondas son otra muy buena vía para recoger las necesidades que las diferentes organizaciones demandan a la justicia. En la primera jornada de la Fundación, que coincidirá con su inauguración, se crearán dos mesas. Una económica, en la que figurarán la patronal, los sindicatos y representantes de los bancos. Una jurídica, en la que se integrarán los presidentes de los consejos más reconocidos en el ámbito legal: los registradores, los notarios y los abogados.

“Es una manera de dar voz a las cabezas visibles de esas organizaciones que están por debajo”, recalcó. “Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar sus demandas para luego trasladarlas al ámbito de la justicia”.

Una vez recogida la información, su intención es trasladarla a la gente que puede realizar cambios estructurales en la justicia: al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, las Consejerías de Justicia, las Comunidades Autónomas y demás.

Financiación

La Fundación se nutrirá de las ganancias de la empresa Wolters Kluwer, una potente editorial jurídica de origen holandés que compró en 1994 a la editorial española La Ley. "Esperamos llegar a  acuerdos con entidades públicas y privadas", dijo Díaz, añadiendo que “la reforma de la justicia nos tiene que interesar a todos”. Para la presidenta de la Fundación no hay duda de que crece el interés en el altruismo. “La gente acoge muy bien algo que les suponga hacer algo por otros sin intenciones económicas”.


La pretensión de querer reformar la justicia española es evidentemente elevada. Pero lo es quizás mucho más si se trata de hacerlo desde nuestra prácticamente inexistente sociedad civil. Aún así, Rosalina Díaz, una de las grandes figuras en el mundo de la edición jurídica se ha fijado esta meta con la creación de la Fundación Wolters Kluwer, que se presentará en sociedad este próximo mes de octubre.