Zapatero, estando en la oposición, arremetió contra el Gobierno de Aznar por un caso idéntico al de Taguas

José Luis Rodríguez Zapatero tiene una doble vara para medir las incompatibilidades de los altos cargos. Ayer, su partido rechazó en el Congreso una enmienda presentada por Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) y apoyada por el PP que reprueba el fichaje de David Taguas, ex director de la Oficina Económica de La Moncloa, por la patronal de la construcción. Pero hace casi 10 años, cuando Zapatero era un diputado raso y ejercía de portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, arremetió contra el Gobierno de José María Aznar por un caso idéntico al protagonizado ahora por Taguas. Miguel Ángel Rodríguez, que hasta ese momento había ejercido como secretario de Estado de Comunicación y portavoz del Ejecutivo de Aznar, abandonó La Moncloa para convertirse en presidente de la empresa publicitaria Carat. Zapatero dijo entonces que había una "clara colisión" entre ambas actividades porque eran "incompatibles". Y advirtió: "Espero que el Gobierno sea tan exigente en el respeto a la ley como lo fue cuando ejerció la oposición".

Joan Herrera, el diputado de IC-V encargado de defender la moción debatida ayer en el Congreso, afirmó que "es inaceptable que quien ha tenido toda la información económica del Gobierno", en alusión a Taguas, "pase a presidir el lobby constructor". El 13 de noviembre de 1998, Zapatero empleó argumentos similares en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja para desautorizar al Ejecutivo de Aznar por el pase de Rodríguez a la empresa Carat: "Hay una clara colisión, motivada por la situación de haber sido secretario de Estado de Comunicación y pasar, antes de los dos años, a intervenir en actividades privadas que puedan estar directamente relacionadas con las competencias del cargo que ejerció en su momento", dijo el entonces diputado raso socialista.

"El Gobierno del PP tendrá que pronunciarse ", añadió Zapatero, "y espero que sea tan exigente en el respeto a la ley como lo fue cuando ejerció la oposición". El Ejecutivo de Aznar apenas tardó una semana en pronunciarse: el 20 de noviembre de 1998, el Ministerio de Administraciones Públicas, dirigido entonces por Mariano Rajoy, autorizó a Rodríguez a continuar ejerciendo como presidente de Carat por entender que no había incompatibilidad con su antigua responsabilidad de portavoz, que había abandonado cuatro meses antes.

Un mes después de denunciar por primera vez el caso de Miguel Ángel Rodríguez en el Congreso, Zapatero volvió a la carga. El 16 de diciembre de 1998, el ahora presidente del Gobierno aprovechó la comparecencia de Rajoy en la Comisión de Administraciones Públicas para atacar de nuevo al Ejecutivo de Aznar. Zapatero argumentó que, en noviembre de 1996, la Secretaría de Estado de Comunicación tramitó el expediente que adjudicó a Carat una campaña publicitaria para promocionar el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado por valor de 1.750 millones de las antiguas pesetas -10,5 millones de euros-.

"Dudas fundadas"

"Las dudas sobre la compatibilidad de Rodríguez son fundadas", le reprochó el diputado Zapatero al ministro Rajoy durante aquella sesión parlamentaria. "Hay un malestar notorio en el sector de la publicidad. Le pido que reconsidere su posición", insistió Zapatero, que concluyó su intervención exigiendo a Rajoy que derogase, o al menos reformase, la Ley de Incompatibilidades.

Ahora, casi 10 años más tarde, Zapatero no ha puesto ningún reparo a que el director de su Oficina Económica, que tiene rango de secretario de Estado, se convierta en presidente de la patronal SEOPAN, el lobby que agrupa a las grandes constructoras. Y ello pese a que Taguas, desde el puesto de privilegio que ha ocupado hasta hace sólo cuatro meses, tenía capacidad de decisión sobre las grandes decisiones económicas del Gobierno de Zapatero, entre ellas, por ejemplo, los contratos de obras públicas o los planes de vivienda protegida.

La vigente Ley de Incompatibilidades prohíbe expresamente a ministros y secretarios de Estado ejercer actividades privadas vinculadas a su cargo público al menos durante los dos años posteriores a su cese.