Rouco guarda silencio... hasta que acabe la campaña de la Renta

La Conferencia Episcopal guarda silencio. La intención anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de reformar la Ley de Libertad Religiosa de 1980 ha sido recibida con frialdad y cautela en el órgano de gobierno de los obispos, tantas veces enfrentado al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero durante la anterior legislatura.

Los obispos, de mutis por el fondo, han eludido toda palabra altisonante que pueda, de momento, tensar aún más las relaciones con el Estado, maltrechas desde que Zapatero llegó al poder y, especialmente, desde la última manifestación a favor de la familia celebrada en Madrid durante las pasadas fiestas de Navidad. Desde las altas esferas episcopales, hay una consigna clara para no atizar más el fuego: todos los obispos deben tener un especial cuidado en sus declaraciones a los medios de comunicación, especialmente durante estas semanas en las que se está desarrollando la campaña de la Renta. Toda salida de tono puede ser a la larga, perjudicial para sus intereses en un año en el que, por primera vez, los ingresos de la Iglesia Católica dependerán únicamente del número de contribuyentes que marquen la casilla correspondiente en su declaración de la Renta.

Así las cosas, la milenaria institución cierra filas. Ni el cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, ni su homólogo valenciano, Agustín García Gascó, dos de los más afilados arietes anti-socialistas, han abierto la boca desde que De la Vega anunció el miércoles sus planes de Legislatura. Y en la conferencia Episcopal, se pregunte a quien se pregunte, la respuesta es siempre la misma: “No vamos a hacer ninguna valoración”. En Bilbao: “De ese tema, el obispo no va a responder nada”. En Toledo: “El cardenal no concede entrevistas estos días”… Por su parte, el presidente de los obispos, el cardenal Antonio María Rouco Varela, suspendió este jueves su rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Se distribuyó, en su lugar, un comunicado anunciando que los siete obispos del Comité serán recibidos por el Benedicto XVI el próximo 19 de mayo.

A la espera de una concreción mayor de la propuesta del Gobierno, los obispos no consideran oportuno entrar en un cruce de declaraciones como el ocasionado a principios de año o cuando orientaron el voto de los católicos durante las elecciones. Y en esas, solo tres representantes de la Iglesia Católica han hablado sobre los planes del Gobierno. El Cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha señalado que quienes piensan que con el anticlericalismo van a conseguir algo “están completamente confundidos” porque “esas banderas del clericalismo y el anticlericalismo, tan utilizadas en las campañas electorales, son ficticias para camelar ciertos sectores de la sociedad y unos y otros se equivocan”.

Mientras, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, comentó por su parte que “lo importante” es llegar a acuerdos y abogó por “exponer los derechos de cada uno y que se logre hablar desde la sinceridad y la nobleza”. Por último, el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, ha sido el más conciliador al señalar que espera que la reforma legal “consagre” la libertad religiosa y no se convierta en un instrumento contra los seguidores de la fe mayoritaria: “La Iglesia no teme la libertad religiosa”.

Preocupación y cautela

“No nos podemos poner la venda antes que la herida”, señala otra persona próxima al gobierno de los obispos. “No me sorprendería que con este globo sonda lo que pretendan es que entremos a la polémica y que sirva para denunciar los acuerdos firmados con la Santa Sede”.

En el seno de la Iglesia existe pues “preocupación” sobre cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno. Pero el sabio don de la precaución lleva a los dirigentes eclesiásticos a no pronunciarse hasta, al menos, no conocer más a fondo el proyecto legal. Sobre todo, porque igualdad para todas las confesiones es una cuestión aceptable para los católicos. Otra cosa sería que, en el fragor de la polémica, el Ejecutivo de Zapatero decidiese denunciar los Acuerdos Iglesia- Estado firmados con el Vaticano el 28 de julio de 1976.