El Gobierno vasco planta cara al tribunal que investiga a Ibarretxe

Los principales responsables del Gobierno vasco han dejado plantada a la cúpula del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que les había cursado la correspondiente invitación para que acudieran al acto de apertura del año judicial en Euskadi. El lehendakari Juan José Ibarretxe, una vez más, ha declinado asistir y también lo ha hecho esta vez su consejero de Justicia, el polémico dirigente de Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga.

Si en otras ocasiones Azkarraga había antepuesto su función institucional a las públicas tiranteces que mantiene con el Tribunal, en esta ocasión no ha sido así; aunque el titular de Justicia ha alegado motivos de agenda para justificar su ausencia, lo cierto es que resulta inevitable vincular la misma al fortísimo malestar que reina en el Ejecutivo de Vitoria por el proceso penal abierto al lehendakari por reunirse con la ilegalizada Batasuna. La no presencia de Azkarraga en el acto ha motivado ya una pregunta parlamentaria del PSE, que exigirá al consejero que explique en la Cámara autonómica cuáles son sus razones para no acudir a una convocatoria directamente vinculada al cargo que ocupa.

En la celebración, el presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, aseguró que es "deber" de los poderes públicos "dar ejemplo en el estricto cumplimiento de la ley", al tiempo que advirtió de que no cabe pedir a los jueces vascos que coadyuven a "determinadas tendencias, interpretaciones, procesos o llámese como se quiera". Unas palabras que no pueden desligarse de las investigaciones que lleva a cabo desde hace más de un año el Tribunal para esclarecer si Ibarretxe y los líderes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares cometieron sendos delitos de desobediencia por sus encuentros con la formación proscrita.

En los círculos políticos de Euskadi se aguarda con expectación la resolución que adoptará en breve el magistrado de la Sala de lo Penal, Roberto Sáiz, sobre dos citas concretas: la que el lehendakari mantuvo con Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena en abril de 2006, justo tras la declaración de tregua de ETA, y la famosa entrevista en el hotel Amara de San Sebastián, en julio de ese año, entre el PSE y el partido ilegal, convocada en su momento para reactivar el proceso de paz tras su primera crisis.

Si prospera la imputación, y ésta es finalmente confirmada por la cúpula del Tribunal -cuya composición ha sido reiteradamente denunciada por los nacionalistas por supuesta animadversión a sus posiciones-, podría producirse la inédita imagen de un presidente vasco procesado ante la Justicia; con el dato añadido de que compartiría banquillo con los dos principales dirigentes de los socialistas vascos y con tres reconocidos portavoces de Batasuna, aunque dos de ellos -Otegi y Petrikorena- hoy están en prisión. El proceso ha sido clave para que Ibarretxe recuperara protagonismo, dado que le permitió enarbolar el victimismo justo cuando más apartado estaba de los contactos del 'proceso' con ETA y Batasuna. Y el eventual juicio supondría un problema de primer orden para los socialistas, inquietos ante esa posibilidad especialmente tras el desafío lanzado por el presidente vasco sobre su plan soberanista 2.