El proyecto de memoria histórica deroga leyes ya anuladas por la Constitución en 1978

El PSOE, en su intento por salvar in extremis el proyecto estrella de José Luis Rodríguez Zapatero, ha negociado un texto sobre la ley de memoria histórica de lo más paradójico. En vez de basarse en la Constitución de 1978, que contiene una disposición que anula toda norma contraria a la Carta Magna, el borrador opta por proclamar la derogación de diez leyes del régimen anterior y hasta de tres bandos del golpe de Estado del general Francisco Franco promulgados en 1936.

Todo el mundo entendía que tales leyes fueron tumbadas en 1978. Y respecto a los bandos de Franco, éstos fueron suprimidos por las propias leyes de la dictadura tras el fin de la Guerra Civil. Pero, en un triple salto mortal, el documento negociado al que ha tenido acceso El Confidencial establece en su anteúltima página una disposición que declara “expresamente derogados” el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 (de la Junta de Defensa Nacional), el Bando de 31 de agosto de 1936 “y, especialmente, el Decreto del general Franco, número55, de 1 de noviembre de 1936”. (Ver borrador completo del proyecto de ley).

Las diez leyes franquistas que PSOE e IU-ICV proponen derogar en el borrador son: las Leyes de Seguridad del Estado, de 1940 y de 1941; de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley de modificación del delito de Rebelión Militar, de 1943; el Decreto-Ley de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo; las Leyes de reforma del Código de Justicia Militar (42/1971 y 44/1971); las Leyes de 1939 y de 1942 sobre responsabilidades políticas; la ley de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de Orden Público (1959) y la Ley creadora del Tribunal de Orden Público (15/1963).

Esta decisión ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, como el Equipo Nizkor, cuyos portavoces consultados por este diario califican de “grave” el que se apruebe una norma derogatoria ya que significa reconocer que el principio que se anula “y especialmente las leyes fueron legítimas y legales hasta la fecha concreta de entrada en vigor de los efectos derogatorios”.

La inclusión de esta disposición fue exigencia de Izquierda Unida-ICV, al entender que tales leyes fueron manifiestamente represivas. Sus dirigentes, como Joan Herrera, han optado por aceptar esta alternativa en vista de que el PSOE se negaba a su petición principal, que era anular todas las sentencias represivas de este periodo trágico. Sin embargo, han cedido “por responsabilidad histórica”, según fuentes de este grupo. Allí están convencidos de que más vale este acuerdo a nada: “Si todo va bien, podemos lograr un instrumento político y jurídico potente en materia de memoria democrática”.

Este instrumento “potente” tiene tres patas: la disposición derogatoria, el artículo 3 y el preámbulo. El artículo 3, que está ya casi cerrado, declara ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa. El preámbulo, aún en discusión, proclama la ilegitimidad de los tribunales “creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo” y subraya “la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos”.

Reclamaciones judiciales, una a una