Málaga se prepara para el macrojuicio del ‘caso Malaya’, que durará un año y costará tanto como el del 11-M

Durará un año y será, previsiblemente, el más caro de la historia de la Justicia española, incluso más que el del 11-M, que costó 3,2 millones de euros. Para más inri, la Junta de Andalucía ha tenido que destinar unos 1.000 metros cuadrados de la Ciudad de la Justicia –ya terminada, pero aún sin inaugurar- para la celebración del acontecimiento judicial, que tendrá una expectación mediática sin precedentes. Se había barajado el Palacio de Ferias y Congresos, siguiendo el modelo del pabellón de la Casa de Campo de Madrid habilitado para el juicio del 11-M, pero finalmente se descartó tal posibilidad.

Antes del inicio del juicio, el magistrado Óscar Pérez, el nuevo juez que se encarga del caso, que sustituye a Miguel Ángel Torres, ahora en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, tendrá que diseñar la segunda fase de la instrucción del 'caso Malaya'. El juez Pérez procede del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao y fue el instructor del caso Anesvad contra el presidente de esa ONG por apropiación ilícita de fondos.

El magistrado tendrá que citar de nuevo a los 86 procesados en esta causa. En dichas comparecencias, el instructor del proceso notificará el auto a cada uno de los encausados y las defensas podrán también solicitar nuevas pruebas.

Tras finalizar este procedimiento, el magistrado elaborará el auto de conclusión del sumario, que pasará a la Audiencia Provincial de Málaga y a su vez lo trasladará al Ministerio Fiscal para que realice las acusaciones y cite a los letrados para la presentación de los escritos de defensa antes del señalamiento del juicio.

Fianzas mil millonarias

Los 86 acusados, además, deberán responder de las fianzas solicitadas para cubrir sus responsabilidades civiles, entre las que destaca la exigida al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, que asciende a 1.000 millones de euros.

También están procesados una veintena de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, entre los que se encuentran los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, además del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, por los delitos continuados de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación y fraude, según los casos.